Desde 2012 la economía chilena experimenta una desaceleración persistente y sincronizada. El PIB per cápita, que creció 3,7% anual entre 2003 y 2013, avanzó apenas 0,7% anual entre 2013 y 2024, y el Banco Central proyecta un crecimiento tendencial de solo 1,9% para 2027-2035. No se trata de un shock transitorio: se frenaron simultáneamente la acumulación de capital, la expansión de la fuerza de trabajo ajustada por calidad y la productividad total de factores (PTF).
La evidencia no apunta a un agotamiento del modelo, sino a las capas regulatorias, tributarias e institucionales que se le fueron agregando. El impuesto corporativo de 27% superó el promedio de cerca de 23% de la OCDE; el costo de despido llegó a 10 meses de salario para un trabajador con 10 años de antigüedad, frente a 3,2 en la OCDE; el salario mínimo se ubica en 70% de la mediana; los grandes proyectos tardan 1.241 días en obtener su RCA; los retiros de fondos de pensiones mermaron el ahorro, el número de ministerios pasó de 18 a 25; etc.
En el corto plazo, el escenario tampoco es holgado. El Banco Central ubica el crecimiento de 2026 entre 0,25% y 0,75% y el de 2027, entre 2% y 3%, mientras Hacienda proyecta 3,3% para 2027. Ninguna de estas cifras altera el diagnóstico: sin reformas estructurales adicionales, el crecimiento de largo plazo seguiría bajo 2%.
El Puente (2025) cuantificó lo que se requiere para volver a crecer en torno a 4%: elevar la tasa de inversión a 28%-31% del PIB, expandir la fuerza laboral ajustada por capital humano a 0,7% anual y llevar el aporte de la PTF a 1%-1,5% anual. No existe una bala de plata y se requiere avanzar en los tres frentes a la vez. Las propuestas se ordenan en seis ejes complementarios —ahorro e inversión, mercado laboral, educación, modernización del Estado, productividad y política social— que rinden más si se implementan en conjunto.
La Ley de Reconstrucción ya promulgada constituye un primer tramo de ese puente. Un estudio del Banco Central estimó que aportaría cerca de 0,5 puntos porcentuales de mayor crecimiento anual en 2027 y 2028 producto de la mayor inversión.
Sin duda es un avance relevante, pero es solo el comienzo, por lo que la agenda que el Gobierno ha propuesto fuera de esa ley merece especial atención. En el plano fiscal, el Presupuesto 2027 expande el gasto total en 1,5% real, con un gasto corriente prácticamente plano (+0,6%) y el gasto en personal congelado, mientras el gasto de capital crece 7,3%. Es una recomposición coherente con El Puente, que propone mejorar la calidad del gasto, proteger la inversión y alcanzar un superávit primario estructural de 0,5% del PIB. Sin embargo, el propio Informe de Finanzas Públicas proyecta holguras negativas acumuladas por US$16.255 millones entre 2028 y 2031, por lo que la consolidación exigirá cambios estructurales en el gasto y no solo la contención de un año.
En el mercado laboral, la agenda del Ministerio del Trabajo es la que más se acerca a El Puente. La pieza central es la indemnización a todo evento, que el Gobierno enviaría próximamente y que reemplazaría la indemnización por años de servicio actual. Adicionalmente, se sumaría un proyecto de adaptabilidad con diez medidas, entre ellas contrato a prueba, contrato de aprendizaje con mayor rango de edad, trabajo híbrido, polivalencia, bandas horarias y jornadas excepcionales pactadas. También están en trámite la distribución de la jornada de 40 horas en ciclos de hasta 16 semanas y el reglamento del Subsidio Único al Empleo. Además, se anuncia una reforma integral al Sence, coherente con la propuesta de reorientar la capacitación hacia los trabajadores vulnerables. Finalmente, el Gobierno patrocinó la sala cuna universal, que El Puente plantea para corregir el sesgo contra la contratación femenina.
En ahorro e inversión, la reforma al mercado de capitales (MK4) apunta a profundizar el financiamiento de largo plazo. En modernización del Estado, la comisión para una nueva arquitectura institucional, la fusión de ministerios y la modernización de la Alta Dirección Pública van en la dirección correcta, pero aún son anuncios. Algo similar ocurre con los permisos: destrabar 389 proyectos en evaluación ambiental, por cerca de US$ 89 mil millones, es buena gestión, pero El Puente exige cambiar las reglas, con permisos proporcionales al riesgo y una evaluación ambiental resuelta por un órgano técnico colegiado. Las inversiones portuarias anunciadas en Valparaíso y San Antonio y la ley de transferencia tecnológica apuntan directamente a la productividad.
Aun así, el tramo más difícil está pendiente: la indemnización a todo evento, el Impuesto Negativo al Ingreso, la reducción de 25 a 14 ministerios, la educación inicial y la libre competencia, entre otras. Estas son las reformas que probablemente cuenten con mayor oposición, pero también las que permiten pasar de 2% a 4%. El Gobierno ya puso el primer pie en el puente; el desafío es cruzarlo completo.
Columna de Macarena García, Directora del Programa Económico, publicada en Ex-Ante.-
