Imagine una empresa estatal que tiene altas necesidad de inversión, pero que no cuenta con el capital suficiente debido a las urgencias financieras de su dueño. Imagine que esa misma empresa es criticada por su lenta capacidad para aumentar la producción y por la baja rentabilidad de su operación.
Esa empresa es una minera, pero no es Codelco. Era la situación en 1997 de Vale do Rio Doce, la principal empresa minera de Brasil. Bajo el gobierno de Fernando Cardoso, amigo del expresidente Lagos, decidió abrir a privados mediante una subasta pública un 42% de la compañía para mejorar su gestión y posibilitar nuevos mecanismos de financiamiento. Los resultados fueron impresionantes: la inversión se disparó de cerca de US$400 millones anuales a los US$5.500 millones reportados en 2025. Las ventas de hierro, su principal producto, se cuadruplicaron. Hoy la empresa está entre las 10 mineras de mayores utilidades en el mundo y entrega millonarias transferencias al Estado brasileño a través de impuestos.
El caso de Vale no es único. Son varios los países que han transitado de grandes empresas de recursos naturales estatales a abrir su participación a privados. Así lo hizo Polonia con KGHM, segundo productor de plata del mundo y player relevante en cobre (en Chile es dueño de Sierra Gorda). El mismo camino siguió la socialdemócrata Noruega que se ha ido desprendiendo de su petrolera estatal: actualmente un tercio de la propiedad está en manos de privados. E incluso Arabia Saudita abrió en 2019 poco más del 1% de Aramco a cambio de que la petrolera enfrente el mayor escrutinio del mercado.
¿Por qué no Codelco? Ante pasivos totales que prácticamente se duplicaron (en dólares) entre 2015 y 2025, sin que los ingresos hayan crecido al mismo ritmo, el gobierno lo debería tener como alternativa. Ello permitiría afrontar la necesidad de capital y las fallas de control —que van desde el fatal accidente de El Teniente en 2025 hasta la reciente inflación de la producción con el fin de cobrar más de US$14 millones en bonos—. Estas últimas son señales de alerta de la necesidad de reformas a la gestión de la estatal. Y por reformas no me refiero a la renovación del directorio que debuta en estos días ni a eventuales cambios de ejecutivos, sino cambios profundos, siguiendo lo que han hecho los países antes mencionados.
Solo el ingreso de capital privado, por pequeño que sea, logrará una mirada externa, imparcial y transparente acerca de las decisiones de inversión y gestión de la compañía. Solo así se garantizará que los recursos se canalicen en aquellos proyectos realmente rentables y se imponga un mayor control de lo que sucede al interior de Codelco, que muchas veces parece beneficiar más a sus trabajadores que a sus accionistas que, se supone, somos todos los chilenos.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-
