El carrete estuvo excesivamente “regado” y hubo una que otra pastilla. Ahora, terminada la fiesta, toca ordenar, pagar las cuentas y vérselas con la resaca.
La metáfora aplica perfectamente a lo que sucedió en los últimos cuatro años con los costos laborales, y en particular con el sueldo mínimo, cuyo reajuste debe discutirse desde mayo en el Congreso. Tras el desmadre, y con el objetivo de crear más empleos, lo más prudente es que este año no haya reajuste. Veamos.
Actualmente, el sueldo mínimo asciende a $539 mil mensuales, casi un 30% mayor en términos reales que en 2018, pese a que la productividad laboral solo subió un 1,4% anual en el mismo periodo (CNEP). Además, en paralelo, la jornada laboral se redujo de 45 a 42 horas y ya se está pagando parte de la cotización adicional de la reforma de pensiones. Tanto la rebaja de la jornada como el alza de las cotizaciones —donde una proporción es derechamente un impuesto al trabajo— seguirán implementándose, encareciendo la creación de empleos formales.
No sorprende, entonces, que el Banco Central haya advertido una caída acumulada de empleo de casi 10% en las empresas con más trabajadores expuestos al sueldo mínimo, respecto de aquellas menos expuestas. A nivel agregado, el cóctel de mayores costos laborales implicó un alza del desempleo (IPoM, septiembre de 2025).
La evidencia internacional apunta en la misma dirección. En California se estimó que el alza del sueldo mínimo para las cadenas de comida rápida en 2024 está asociada con una caída de hasta 4% del empleo en dicho sector (Clemens, Edwards y Meer, 2025).
El empleo es la mejor política social. El 58% de la reducción de la pobreza entre 1990 y 2022 se explica por los ingresos del trabajo (Correa, 2026). Por lo tanto, crear condiciones que dificulten la creación de empleos impedirá el progreso de las familias. En ese sentido, es importante recalcar que, de acuerdo a la encuesta CASEN, las personas pertenecientes al 30% más pobre del país tuvieron tasas de ocupación laboral más bajas en 2024 de las que tenían en 2017. En cambio, en estas mismas fechas, los más ricos seguían aumentando su nivel de empleo. Lo mismo ocurre al analizar por nivel educativo: la ocupación de los de menor escolaridad retrocede.
La izquierda argumentará que el reajuste al sueldo mínimo ayudará a hacer frente al alza de los combustibles. Pero si el reajuste sigue destruyendo empleos no habrá ningún alivio y seguirá impidiendo que los jóvenes —cuya cesantía llega al 20%— encuentren un trabajo.
La principal medida anti empleo son alzas de los costos salariales por sobre la productividad de los trabajadores. En el caso del reajuste del sueldo mínimo, este año toca pagar los platos rotos de una fiesta excesiva y el Congreso debe pagar su parte de una cuenta que fue advertida.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-
