No todo se corregirá en el Pleno

Conmoción ha causado la aprobación en general al interior de la Convención Constitucional de algunas iniciativas de normas constitucionales. Y ello, con justa razón, pues varias de ellas desconocen derechos fundamentales, no garantizan un debido equilibrio entre los poderes del Estado y/o producirían irreparables efectos sociales y económicos. Si bien aún falta la discusión en particular en las comisiones y la posterior aprobación en el Pleno por un quórum de 2/3, la aprobación en general en las comisiones constituye por sí sola una señal de alarma, aunque algunos quieran restarle importancia.

En efecto, la aprobación en general es respecto a un texto. No se somete a votación sólo la idea de discutir un tema, sino que un articulado concreto y sus ideas matrices. En ese sentido, y por mucho que ese texto se corrija posteriormente, preocupa la liviandad, el desconocimiento del derecho y de los impactos involucrados, y el tono refundacional que se observa en las discusiones.

El mejor ejemplo lo encarna la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención que, en poco más de una semana, aprobó en general, entre otras cosas, decretar la nulidad de pleno derecho de toda concesión minera, áridos, aguas, forestales, etc., que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas; que la naturaleza sea sujeto de derechos; la nacionalización de las empresas de bienes estratégicos; el retiro de Chile del CIADI y revisión de tratados celebrados; y caducar todos los derechos de aguas otorgados bajo el Código de Aguas de 1981, negando indemnización a quienes los hayan utilizado para ciertos fines, tales como la minería, agroindustria, forestales y otros. Para ilustrar el nivel del debate, expresiones como “la minería es depredación”, “extractivismo criminal” o “a parar el saqueo” fueron utilizadas por convencionales para apoyar la nacionalización de empresas de bienes estratégicos, lo cual revela un ánimo reivindicativo que será difícil de enfrentar.

Estas iniciativas, de prosperar, no sólo ahuyentarán la inversión y generarán consecuencias socioeconómicas indeseadas, sino también implican una expropiación sin justa indemnización a cambio y desconocen tratados internacionales vigentes, exponiendo a Chile a posibles conflictos internacionales. Demás está decir que, al desconocer los tratados -y las sentencias judiciales en el caso de las concesiones mineras- la Convención está vulnerando dos de las limitaciones de fondo que tiene para redactar la nueva Constitución.

Por ello, llama profundamente la atención cómo algunos convencionales y actores de la opinión pública le restan importancia a la aprobación en general de estas normas en las comisiones, dando a entender que todo se corregiría en el Pleno. Esto último es una falacia y muestra falta de responsabilidad, considerando que son muchos los ojos puestos en este proceso. Si bien hay normas que esperemos sean enmendadas o rechazadas, estas votaciones ya reflejan primeras definiciones.  Lamentablemente, no todo se corregirá en el Pleno.

Columna de Pilar Hazbun, Coordinadora del Programa Legislativo, publicada en La Tercera.-