Fijación estatal de las Tasas de intercambio: ¿Sólo para la galería?

El mercado de tarjetas de pagos ha tenido un cambio sustancial a partir de 2017, al pasar del modelo de tres a cuatro partes. Esto ha permitido el ingreso de emisores no bancarios, adquirentes y subadquirentes. En el momento en que el Comité regulador de la tasa de intercambio (TI) iniciaba su gestión, ya se registraban 28 emisores de tarjetas, cinco adquirentes, 20 subadquirentes, tres titulares de marcas y 10 instituciones en proceso ante la CMF para ser autorizados como emisor.

La ley 21.365 le otorgó amplio margen al Comité regulador al no especificar la metodología a utilizar para la fijación tarifaria, a diferencia de otros procesos regulatorios donde se especifica utilizar empresa modelo o mirar los costos pasados, como es en el caso de aranceles de gratuidad de educación superior. Así, el Comité, evaluó tres métodos: El test de Indiferencia, los costos de operación implícitos pasados y las tasas de intercambio (TI) vigentes. El primero, que implica encuestas, fue desechado porque no alcanzaba el plazo fijado para realizarlas y finalmente decidieron mirar la tasa de intercambio promedio ponderado actual, fijando la TI máxima para tarjetas de crédito en 1,48% de la transacción, mientras que para las de débito se fijó en 0,6%.

Tal como señala Andrea Butelmann, al fijar el promedio actual de TI como valor máximo, es equivalente a bajarlas, lo cual genera a primera vista una mirada proconsumidor, agradable para la galería, pero con problemas para el desarrollo de los medios de pago. El primero de ellos es que, en la situación de tres puntas, con un solo adquirente que controlaba prácticamente todo el mercado, se observaba una gran varianza en la TI, bajas para comercio de mucho volumen y más altas para negocios pequeños. Esto hace que los límites fijados por la Comisión no le cambian la vida al comercio grande, ya que pagaban TI más bajos y los seguirán pagando. Así, los verdaderos beneficiados con la fijación tarifaria hecha son los grandes comercios, en desmedro de los pequeños y medianos, generando a su vez desincentivos para que los emisores de las tarjetas sigan volcando sus esfuerzos en la colocación de éstas, dificultando y ralentizando la inclusión financiera.

La regulación de cuatro puntas permitió el ingreso de nuevos operadores como Getnet de Banco Santander, donde la TI para tarjetas de débito y prepago van de 0,1% a 1,3% de la transacción, mientras que para las de crédito la TI va desde 0,2% a 2,5%. En Compraqui, de Banco Estado, la TI es de 2,9% para todas las tarjetas no emitidas por el mismo banco. Pagofacil, del BCI, cobra un tarifa única de 0,74UF/ mes si las ventas anuales son menores de 250 UF/año. Si las ventas son mayores la TI va desde 1,25% a 2,55%.

De esta manera, las TI finalmente fijadas por el Consejo truncan la oferta vigente y probablemente el comercio más pequeño y por ende de menor volumen ya no podrá ser atendido porque las nuevas tarifas dificultan que los nuevos operadores se encuentren atraídos a proveerles servicio al desaparecer el margen.

Ahora bien, si quiere entender porque la TI máxima para tarjetas de prepago es de 1,04%, solo porque el Comité, ante la ausencia de datos, decidió solo promediar el TI de las tarjetas de débito y crédito. No recuerdo algo parecido en el mundo de la regulación tarifaria.

Para la fijación de las tasas definitivas no resulta aceptable que el Comité recurra a un mecanismo diferente al Test del Turista o de indiferencia, con todos los esfuerzos de levantamiento de información que son necesarios, cosa a la cual ahora se manifestó dispuesto. El Comité debe considerar que el resultado de su trabajo producirá un significativo impacto en el desarrollo de los medios de pago en nuestro país, impactando de manera directa en la igualdad en el acceso a la transformación digital de millones de chilenos.

Columna de Tomás Flores, Economista Senior, publicada en el Diario Financiero.-