AUDITORÍA AL IFE: FALTÓ CONSIDERAR EL PROGRAMA EN SU GLOBALIDAD

A principios de enero fue entregada una auditoría realizada por la Contraloría que muestra que los primeros pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) habrían llegado a familias a las que no les correspondía y que se generaron ciertos retrasos en el procesamiento de las solicitudes a los registros que posibilitan acceder a los bonos del Estado.

Si bien es positivo que se evalúen con regularidad los programas llevados a cabo por el Estado, se debe precisar que esta auditoría corresponde al período inicial del IFE, que toma el primer y segundo aporte entregado entre el 22 de mayo al 31 de julio de 2020, y no consideró en su globalidad los aprendizajes y medidas posteriores que se generaron para mejorar la información disponible para los registros, ni las acciones llevadas a cabo para reducir los tiempos de espera de las solicitudes y de esta forma llegar de manera más oportuna a quienes lo necesitan.

En un comienzo, el IFE fue creado para apoyar a la población que había sido severamente afectada y requería urgentemente de transferencias monetarias para suplir la pérdida del ingreso laboral. Por esta razón, fue necesario identificar aquellos hogares que habían presentado caídas abruptas en el ingreso en el corto plazo. No obstante, los instrumentos con que se contaba para determinar el nivel de vulnerabilidad de los hogares (el RSH y la Clasificación Socioeconómica (CSE)) no estaban diseñados para ello, pues se construyen con la información disponible a 12 meses y en algunos casos sus fuentes de información se actualizan con un desfase de entre dos a seis meses.

Tal como lo menciona el informe de la Contraloría, este proceso no estuvo exento de errores y demoras. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el país estaba viviendo un contexto de emergencia, por lo cual aumentaron las solicitudes para actualizar la información o ingresar al registro. Solo entre los años 2019 y 2020 se triplicaron el total de estas solicitudes, pasando desde 1.584.998 a 5.312.126 solicitudes.

Si bien es fundamental que Contraloría resguarde el uso eficiente de los fondos públicos, se debe considerar que los recursos auditados corresponden una fracción muy pequeña del total destinado a este programa, dos de los 17 pagos del IFE o el 3,2% de los US$ 25.385 millones. Adicionalmente, del total auditado el informe dio cuenta que solo un monto muy mínimo - un 0,1% del monto ejecutado- correspondía a un pago improcedente.

Con todo, este informe deja una importante lección en cuanto a la importancia de que los registros de información y de focalización del Estado funcionen correctamente. Se debe señalar que afortunadamente las medidas tomadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia permiten tener hoy un RSH más actualizado y robusto, con una cobertura inédita que ya supera el 87% del país. No obstante, es necesario realizar esfuerzos continuos para la actualización y mejora de los datos, lo cual es un desafío permanente para la política social y el uso eficiente de los recursos públicos.

 

Columna de Paulina Henoch, Coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad, publicada en el Diario Financiero.-