Se termina el año y con ello el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Si bien en principio este programa se pensó como un complemento a los demás apoyos entregados por el Estado para proteger a los trabajadores, y por lo tanto se pretendió focalizar en los hogares más vulnerables a la crisis, pronto se amplió hasta casi la universalidad del Registro Social de Hogares (RSH). De esta forma, mientras el primer pago llegó a 3,6 millones de personas, el último benefició a 16,7 millones, equivalentes al 85% de la población del país. Del mismo modo, éste fue aumentando sus montos, alcanzando un máximo de $ 100 mil mensual decreciente por integrante del hogar. Esta experiencia, por lo tanto, nos da la oportunidad de sacar importantes lecciones para la política pública.

Primero, su elevado costo (más de US$ 25 mil millones) da cuenta de lo insostenible que es en el tiempo y lo necesario de abandonar la pretensión de universalidad de programas de esta envergadura, para en cambio enfocarse en determinados grupos prioritarios. En esa línea, el IFE demostró lo importante que es mantener registros de información social precisos para poder identificar a la población elegible y asignar los beneficios de forma oportuna. La exigencia que el IFE impuso a los organismos encargados del RSH fue abrumadora, obligándolos a desplegar grandes esfuerzos para responder a la alta demanda por ingresar en él y actualizar los datos. Así, si bien el proceso fue de menos a más, el resultado es que hoy más del 87% de la población nacional se encuentra registrada, algo completamente impensado antes de la pandemia, lo que constituye un importante avance para la correcta asignación de beneficios de aquí en adelante.

Por último, una tercera lección tiene que ver con los incentivos que puede producir un programa tan atractivo como el IFE. Aún es pronto para determinar si éste afectó la recuperación del empleo cuando se redujeron las restricciones de movilidad, pero habiéndose constatado lo grave del problema de la informalidad laboral –que dejó en completa desprotección a miles de familias-, es fundamental repensar el diseño de los programas sociales existentes, cuidando que no induzcan comportamientos no deseados, ni la entrega de información fraudulenta que altere los registros.

Con todo, si bien el IFE fue un gran apoyo en el momento más duro de la crisis sanitaria, es momento de dar vuelta la página y reconocer que no es posible sostener un beneficio de esta envergadura. Afortunadamente, esta experiencia permitió fortalecer la institucionalidad y los registros de información para en adelante poder enfocarse en los grupos prioritarios, aunque de todas formas se requerirá un esfuerzo continuo de actualización del RSH, así como una revisión del diseño de los demás programas sociales existentes, de tal forma de cuidar las conductas que éstos podrían estar alentando.

Columna de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social, publicada en La Tercera.-