Una Constitución para una economía que funcione

No hay país en el mundo que haya mejorado las condiciones de vida de su población sin la creación de riqueza, es decir, sin crecimiento económico. Para ello se requiere al menos una economía que funcione. Una Constitución per se no garantiza el desarrollo, pero un texto constitucional que no asegura ciertas reglas mínimas para el desarrollo del sector privado puede limitar severamente el progreso de un país.

Son al menos tres las materias que deben continuar en nuestra Constitución para no afectar la posibilidad de desarrollo por parte del sector privado:  derecho de propiedad, autonomía del Banco Central y normas que permitan fortalecer la responsabilidad fiscal.

En la mayoría de las constituciones del mundo se reconoce el derecho de propiedad y pocas dudas caben que también estará presente en la nuestra. Pero no basta con que sólo sea parte de un listado de derechos, sino que también se incorporen normas que efectivamente lo protejan. Para ello, nuestra Constitución vigente establece, entre otros aspectos, que limitaciones al derecho de propiedad sólo pueden hacerse por ley, que para materializar la expropiación se debe pagar previamente la indemnización fijada y en caso de que no haya acuerdo esta es apelable ante los tribunales de justicia, que actualmente son independientes de la autoridad política. Es decir, se definen un conjunto de normas que efectivamente permiten la protección del derecho de propiedad. De lo contrario podríamos estar frente a expropiaciones arbitrarias por parte de quien detente el poder y sin mediar indemnización alguna por parte del Estado, lo que limitaría severamente el desarrollo de nuevas inversiones.

En cuanto a la autonomía del Banco Central, para un buen manejo de la política monetaria es imprescindible que este sea independiente del poder político de turno. Si bien una mayoría cree en la necesidad de contar con un Banco Central autónomo, para ello no basta que la Constitución lo diga, sino también que el nombramiento y remoción de sus autoridades no dependan del ciclo político. Permitir acusar constitucionalmente a los consejeros le entregaría a un órgano político poder sobre uno que debe ser eminentemente técnico, debilitando su autonomía. Tal como la experiencia pasada de Chile y en el mundo ha dejado en evidencia, permitir el ejercicio del poder político sobre la política monetaria termina generando altas tasas de inflación, con un consecuente efecto negativo en el funcionamiento de la economía. 

Una política fiscal responsable y sostenible en el tiempo también es una condición base para el buen funcionamiento de la economía. Así, para evitar perpetuar un nivel de gasto fiscal por sobre las reales capacidades de financiamiento del Estado, es necesario que se radique en una misma autoridad las atribuciones relativas a ingresos y gastos. Hoy ello se traduce en que toda modificación a los impuestos es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y también toda decisión que implique aumentar el gasto fiscal. Una crisis fiscal, como consecuencia de un irresponsable manejo de la política fiscal, aleja el desarrollo de nuevas inversiones en el país, además de gatillar en muchos casos también una crisis social al tener que acotar los beneficios entregados en el marco de la política social.

Sin ser un listado exhaustivo de las normas que debe contener una Constitución para contar con las condiciones mínimas que permitan el funcionamiento de la economía y con ello generar condiciones favorables a la inversión y desarrollo del sector privado, estas no pueden quedar ausentes. En el debate se refleja un grado de desconfianza del real aporte que hace el sector privado al país. Eliminar ciertas normas que están presentes en el texto vigente y que han permitido el progreso del país durante estos últimos 30 años, debilitaría aún más la confianza entre la política y el sector privado. No generar las condiciones mínimas para que una economía funcione, condenará al estancamiento a la inmensa mayoría de las familias en nuestro país. No se debe olvidar que el Estado jamás será capaz de reemplazar el rol del sector privado en el progreso de un país.

Columna de Bettina Horst, Directora Ejecutiva, publicada en El Mercurio.-