Reiteradamente, la mayoría de la Convención señala que no debemos alarmarnos porque mayoritariamente rechacen incluir cuestiones tan relevantes como la libertad de enseñanza, el derecho de los padres de educar preferentemente a los hijos, la libertad de trabajo y la no discriminación arbitraria por parte del Estado en materia económica, en el temario de las materias a conocerse por las comisiones temáticas, referidas en su Reglamento General.

Tampoco debemos alarmarnos si no se regula en dicho temario mayor detalle sobre el derecho de propiedad, el que está enunciado, pero respecto del cual se rechazó incluir el derecho a la propiedad, las limitaciones que pueden imponerse en virtud de la función social y la expropiación, porque eso sería parte del debate sustantivo. Sin embargo, la Convención aprueba con un nivel de detalle abrumador, en el mismo Reglamento y a propósito del mismo temario, principios sobre las autonomías plurinacionales, la participación directa y vinculante en las gobernanzas locales en materias que afecten a sus territorios, propiciar herramientas de democracia directa que permitan el control social de las decisiones, estatutos especiales para distintas zonas del país y estatutos para glaciares y criosfera, y la protección de las semillas ancestrales.

Así, en el Reglamento se incorporan y anticipan discusiones sustantivas para unos temas y se desechan otros que, debiendo ser de gran interés —pues constituyen avances civilizatorios y de amplio reconocimiento internacional—, no concitarían mayor atención de la Convención.

Ante la fundada alarma que levanta la sociedad civil, nos dicen que el Reglamento no es el instrumento para discutir sobre el fondo. Es decir, para unas materias sí y para otras no. ¡Por favor! Al menos les pedimos coherencia para las explicaciones que nos dan.

Carta de Natalia González Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, publicada en El Mercurio.-