A casi 90 días de la primera elección de autoridades regionales, la discusión se ha centrado en cuántas listas habrá y cómo los partidos definirán a sus candidatos. En tanto, las reformas necesarias para que esta nueva institucionalidad no se transforme en un nuevo Transantiago brillan por su ausencia.

Hay al menos dos aspectos que se deben modificar para efectos de acotar la posibilidad que esta reforma genere más problemas que beneficios. Son "al menos dos", ya que una vez que se instalen las nuevas autoridades electas probablemente se generarán roces entre los distintos niveles de gobierno, lo que deberá ser abordado a futuro.

Pero respecto de lo que ya se tiene conciencia que se debe reformar, poco se ha avanzado. Se trata de temas de financiamiento de los gobiernos regionales así como de solución de controversia en materia de competencias entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.

En cuanto a financiamiento, los fondos gastados por los gobiernos regionales provienen en su mayoría de recursos transferidos desde el gobierno central en el marco de la Ley de Presupuestos con importantes espacios de discrecionalidad. Con autoridades regionales electas, es decir, con independencia democrática de las autoridades del gobierno central, los criterios de asignación regional de los recursos deben estar previamente definidos y no depender de la voluntad de la autoridad central de turno.

Pero el proyecto de ley que presentó a fines de septiembre el Gobierno para modificar lo anterior se encuentra sin mayores avances en el Congreso. En materia de financiamiento, crea dos nuevos fondos, adicionales al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por medio de los cuales se canalizarían los recursos desde el gobierno central, pero con parámetros objetivos y previamente definidos. De esta forma, una proporción mayor de recursos se asignaría a regiones en forma explícita y sobre la base de criterios conocidos a través de la Ley de Presupuestos y no durante el año, tal como es hoy en día, en que la Subsecretaría de Desarrollo Regional cuenta con importantes espacios de discrecionalidad.

En cuanto a la solución de cuestiones de competencia, si bien debiera ser el Tribunal Constitucional el que tenga injerencia, a diferencia de lo que se ha propuesto en cuanto a que sea la Contraloría General de la República, se debe avanzar hacia un mecanismo de solución. Hoy ello no está definido, y este vacío sólo exacerbará roces entre niveles de gobierno.

Queda claro, una vez más, que si bien todos hablan de descentralización, pocos finalmente empujan ese carro. Ambos proyectos de ley se encuentran en primer trámite en el Congreso y lo más probable es que se activen cuando se acerquen las elecciones, pero pasado ese momento nuevamente nadie se hará cargo.