El desafío constitucional que enfrenta nuestro país debe ser abordado con la máxima seriedad y sentido de responsabilidad. La tarea no es fácil, menos aún, si se considera que la discusión constitucional se dará en un año electoral en el que será inevitable -aun cuando no deseable- que los planos de las discusiones se mezclen. Clave resultará el esfuerzo permanente por no confundir el nivel de las discusiones. La Constitución no es un programa de gobierno, ni tampoco un conjunto ordenado de políticas públicas. Tener eso presente es relevante pues distintos gobiernos y diversos programas políticos, hoy y mañana, deben poder convivir bajo el alero de la nueva Carta Fundamental, sin requerir que ésta sea reformulada cada vez que cambia el ciclo político.

En segundo término, la tarea es compleja porque la discusión se da en un momento en que se ha relativizado el valor de las normas. Cabe recordar que las sociedades y sus integrantes descansan sobre la convicción y entendimiento de lo que está permitido hacer y de lo que no, lo que debe ser respetado en aras del resguardo de nuestros derechos y libertades. Sin embargo, de un tiempo a esta parte lo que se percibe en Chile es un desprecio por las reglas y por su contribución a la estabilidad, el progreso y el bienestar de la población. En vez, la sociedad chilena pareciera querer reemplazar esa convicción por lo que lo cada uno -o determinadas mayorías- estima como justo o injusto. Así y en base a la percepción propia de justicia, se actúa, se toman decisiones y se pretende regular la vida de los demás. Adherir a las reglas ha devenido en irrelevante, primando la justicia de determinadas causas y la creencia que ésta puede alcanzarse prescindiendo de las normas, de los procesos e instituciones. La cuestión resulta en una contradicción en sí misma, pero el problema es que no se percibe así. Cabe entonces recordar, una y otra vez, que no hay justicia posible sin reglas y que, en una sociedad libre y diversa, como la que tenemos y aspiramos permanezca, las preferencias son múltiples y dinámicas de manera que aspirar a un sentido homogéneo de justicia simplemente no es factible.

De lo anterior derivan, a lo menos, ciertas conclusiones esenciales para la discusión constitucional. La primera, bastante evidente por lo demás, es que cualquier sociedad requiere de ciertos mínimos normativos para desenvolverse y funcionar con normalidad, además de la necesaria convicción de adherir a las reglas. Esa regularidad, que hace que podamos predecir las consecuencias de nuestros actos y que entonces podamos saber a qué atenernos, es que lo llamamos certeza jurídica y constituye una condición sine qua non que posibilita la vida en común y nos aleja del caos. La segunda conclusión es que ese conjunto de reglas no debe aspirar a imponernos a todos un solo norte uniforme, ni menos un solo medio para alcanzarlo, sino más bien todo lo contrario, esto es, permitir que pueda expresarse la diversidad de fines que persiguen las personas y organizaciones y que, para conseguirlos, puedan recurrir a una amplia gama de medios, diversos y lícitos.

A propósito del debate constitucional iniciado en nuestro país y más allá del optimismo o escepticismo con que lo enfrentemos, el momento constitucional aparece entonces como una oportunidad (si es bien llevado) para revalidar el relato del orden, que permite la convivencia en paz, y del respeto por nuestra diversidad, en que esperamos prevalezcan los espacios de libertad de los ciudadanos, de manera que estos puedan ser los dueños de sus destinos.

Sobre la base de esos lineamientos, y con miras a participar del debate constitucional con un planteamiento concreto, quisiera invitarlos a conocer las propuestas que desde Libertad y Desarrollo hemos puesto a disposición de la ciudadanía en el sitio www.concontroldecambios.cl, con el objeto de recibir sus comentarios y sugerencias. Se trata de un esfuerzo serio, en el que han contribuido diversos profesionales y académicos, y en el que se plantean proposiciones concretas y sus fundamentos. Buscamos aportar al debate, desde las ideas de una sociedad libre, pero también que el debate nos aporte de vuelta porque de eso se trata este proceso. Así el documento que se presenta no se propone como uno final y cerrado, sino como un trabajo en construcción, que buscamos enriquecer con las ideas de la sociedad civil, todo ello con la humildad de cuestionarnos aquello que sea objeto de comentarios respetuosos y fundados, y con el coraje de defender las convicciones que nos motivan.

Columna de Natalia González, Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, publicada en El Mercurio.-