Inversionistas chinos: ¿Somos amigos o no somos amigos?

Hace cerca de una década, Chile firmaba un acuerdo de libre comercio con China, con lo cual se abrían grandes oportunidades de negocios para ambas partes, siendo el impacto doméstico más significativo, proporcionalmente, para nuestro país, dado el tamaño de mercado del gigante asiático. El comercio comenzó a crecer y en la actualidad China es nuestro principal socio, absorbiendo cerca de un tercio de nuestras exportaciones, en donde se agregaron productos nuevos, como las cerezas, que han generado prosperidad en varias regiones de nuestro país.

Sin embargo, la crítica de esos años era que a los chinos solo les interesaba el intercambio comercial y que las inversiones no llegaban, mientras que a su vez la principal inversión de ellos era acumular dólares en reservas y comprar bonos del Tesoro americano. Pues bien, el año 2009, el gobierno asiático establece la política “China go out policy”, con al cual se da luz verde para iniciar un proceso creciente de inversiones y es así como, por ejemplo, en 2005 Levono compra la división de computadores de negocios de IBM, llevando a que en la actualidad sea el principal productor de esos computadores del planeta. En este proceso, Chile no ha sido la excepción y es así como en 2018 Tianqui compra el 24% de Soquimich, transacción de US$ 4,7 billones, en donde surgieron todo tipo de mitos, como si los chinos fuesen a traer un barco y se llevarían todo el litio. Nada de eso ocurrió y al parecer en ese directorio se han llevado bien los chinos y los chilenos. Posteriormente China State Grid se compra Transelec y posteriormente Chilquinta, entrando así el sector energético nacional.

En la actualidad, el debate ha surgido por la oferta que hace esta última empresa, China State Grid, por una parte relevante de CGE, lo que transformaría a esta empresa estatal en un actor muy relevante del mercado nacional. Ante esto han surgido soluciones horribles, como la propuesta por unos diputados de que sea el Congreso quien en el futuro acepte o rechace a un inversionista extranjero. Esta propuesta generaría un contexto tan arbitrario que alejaría definitivamente a los inversionistas, ya que está bastante documentado el resultado de modalidad.

En nuestra institucionalidad están definidas las áreas reservadas para el Estado, como son la explotación de uranio, gas y petróleo, y al mismo tiempo están definidas las reglas, por ejemplo, para que un banco extranjero obtenga una licencia para operar en nuestro país. De igual manera, la regulación eléctrica indica qué se puede y no hacer en materia de integración vertical y ello es válido para chilenos, europeos o asiáticos. De esta manera, considero que nuestro país tiene un set de regulaciones que buscan evitar las concentraciones de mercados, así como todas las conductas que atenten contra la libre competencia.

Por último, hay países que han creado una institucionalidad para evaluar inversiones extranjeras bajo el prisma de la seguridad nacional, como Estados Unidos y Australia. Sin embargo, creo que ello requiere de una reflexión profunda, ya que muchas de las áreas contempladas en esas regulaciones tienen que ver con el ámbito militar y la nueva tecnología, cosa que en nuestro país no existe. Así, solo la reflexión nos evitará crear una barrera discrecional y politizada que termine alejando a los inversionistas justo en el momento que más los necesitamos.

Columna de Tomás Flores, Economista Senior, publicada en El Líbero.-