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“Le negaremos la sal y el agua”

El Líbero

Cuando asumía la presidencia Eduardo Frei Montalva, el entonces senador Allende pronunció la frase con la cual titulo esta columna, indicando que no habría ningún ánimo de colaborar con el gobierno que recién partía. La recordé a partir de la opinión que expresaron parlamentarios opositores hace algunos días, ante la posibilidad de que algunos programas de gasto público fuesen reducidos o eliminados dada su ineficiencia.

El gobierno, durante la próxima semana, debe presentar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2021, que contiene elementos inusuales dado el sustancial desequilibrio fiscal con el cual finalizaremos este año, así como el lamentable repunte de la deuda pública como consecuencia de la pandemia y la recesión que ello ha implicado. Este presupuesto es fundamental para establecer la trayectoria que tendrán las finanzas públicas en el mediano plazo, ya que de no ser un presupuesto austero, corremos el riesgo de que la deuda pública vuelva a convertir en el principal problema económico, tal como fue en el pasado de Chile.

En la elaboración de todo presupuesto es necesario revisar si cada programa gubernamental logra un impacto en la población objetivo, para así tener una percepción de la rentabilidad social de dicho gasto. Esta evaluación periódica debe guiar la persistencia, expansión o cierre de los programas respectivos, y es así como, en su momento, el Presidente Frei Ruiz Tagle determinó el cierre de Enacar, dado que el cambio estructural había desplazado radicalmente la demanda por carbón. De igual manera, el programa Más Capaz, del Ministerio del Trabajo, debió ser reestructurado dado que el impacto de mayor empleabilidad de los capacitados no era significativa.

De esta manera, es natural en toda organización que se analicen las acciones y a partir de ello se determine lo que ocurrirá con ellas durante el año próximo. Pues bien, en esta oportunidad y dadas las circunstancias, el gobierno decidió evaluar más de 700 programas y a partir de dicha evaluación se producirían cambios significativos a partir del año próximo, existiendo la posibilidad de cerrar algunos de ellos y reorientar ese presupuesto a fines más rentables.

Parlamentarios de oposición manifestaron su total rechazo a todo recorte presupuestario e incluso señalaron que ningún empleado público será removido debido a dichos recortes. Este rechazo a la natural buena gestión de los recursos públicos es inexplicable, ya que congela la ejecución presupuestaria sin tener ninguna consideración si el dinero se gasta bien o mal. Adicionalmente, pareciera que los beneficiarios de los programas fiscales son los funcionarios que trabajan en ellos y no las personas más modestas. Los beneficiarios son las personas que necesitan esa ayuda, no los funcionarios públicos, los que pueden ser reasignados a los programas en expansión.

Negar la sal y el agua en la discusión del presupuesto 2021 no es un buen camino a seguir, ya que finalmente la ineficiencia perpetuada de un gasto público estático la terminan pagando los más necesitados.

 

Columna de Tomás Flores, Economista Senior, publicada en El Líbero.- 

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