Hace unos días el Senado rechazó el proyecto de ley que fortalece la fiscalización y persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza. Se trataba de una iniciativa innovadora en el tratamiento de estos delitos, que contemplaba, entre otros, la creación de formularios de movimiento maderero, exigibles para su transporte y receptación, el comiso de las especies sustraídas y la utilización de técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos e interceptación de comunicaciones.

No obstante las evidentes mejoras, muy similares a las implementadas con éxito hace un tiempo para reducir el abigeato, gran parte de la oposición en la sala prefirió rechazar el proyecto, a pesar de su aprobación unánime en la Comisión de Seguridad Pública, aduciendo que el uso de técnicas especiales de investigación podría significar 'un intento solapado de generar más represión contra los pueblos originarios'.

El argumento resulta insólito. Lo que busca este proyecto no es reprimir causas o a activistas pacíficos, sino fortalecer la persecución de un delito cuya comisión es cada vez más frecuente y grave y que deja en la indefensión a quienes apuestan por el desarrollo de varias regiones del sur de Chile que hoy padecen no sólo de delincuencia, sino de terrorismo y violencia rural.