El año 2013 se aprobó de forma unánime una reforma constitucional que estableció la obligatoriedad de cursar el kínder para poder ingresar a la enseñanza básica. Dicha obligación, sin embargo, quedó sujeta al envío de una ley que dispusiera la forma en que esto se materializaría. Es por ello que en septiembre de 2018 el Gobierno ingresó un proyecto de ley para hacer efectiva esa exigencia a partir de 2022, la que debiera votarse en último trámite por estos días.

Si bien la cobertura del kínder es cercana a la de la educación básica, esta iniciativa busca promover la asistencia regular de todos los niños a un nivel que hoy sigue sin ser reconocido como necesario. Prueba de ello es que según la Encuesta CASEN, la mayoría de quienes no envían a sus hijos a este curso, señala que no lo necesitan, pues alguien lo cuida en la casa. Y que ello es más frecuente entre los más vulnerables, que son paradojalmente quienes más requieren de este año adicional para acortar las brechas que los afectan. Este proyecto cobra además especial relevancia frente al riesgo de abandono escolar que se podría producir tras la extensa suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia. Hoy más que nunca se necesitan señales, pero también mecanismos, que promuevan la incorporación y asistencia escolar desde la más temprana infancia.

Pero, lamentablemente, el supuesto consenso tras este proyecto -que incluso había sido ratificado por los Diputados-, se quebró con las indicaciones presentadas en el Senado. En espera de que sean votadas esta semana, todo indica que no habrá kínder obligatorio y que la reforma constitucional que hace 7 años concitó un apoyo transversal, seguirá sin materializarse.

Esta experiencia evidencia el cortoplacismo que a menudo prima en los legisladores y debiera por lo tanto alertarnos de cara a otra reforma constitucional que se discute por estos días: la del retiro anticipado de una parte de los ahorros para las pensiones. La mayoría de los políticos -salvo honrosas excepciones- muestra un interés desmedido por el presente, que los lleva a evadir los costos e implicancias futuras de sus decisiones. Si luego de 7 años de haberlo aprobado, no son capaces de concretar un deber tan básico como el de cursar el kínder, ¿alguien cree que en unos años más estarán por imponer la restitución de los fondos de pensiones que hayan sido retirados? La realidad indica que no, por lo que las jubilaciones se verán seriamente afectadas, legando una pesada carga a las generaciones futuras.

Tras años en que la política viene sobre ponderando lo inmediato, hoy urge incorporar al debate una visión de futuro. Ello significa, entre otras cosas, priorizar la educación parvularia, que según ha demostrado la evidencia, es clave para reducir las desigualdades que se manifiestan desde temprano en la vida. Y así también, ser responsables con los compromisos que asumiremos de cara al futuro, siendo realistas sobre la voluntad y posibilidades que habrá para cumplirlos.

Columna de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa social de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-