Autopréstamos, pensiones e incobrables

En un ambiente de creciente polarización política, Chile al menos había alcanzado un consenso: para aumentar las pensiones en nuestro país se debe ahorrar más. Ese consenso duró hasta que apareció la pandemia. Hoy proliferan iniciativas para permitir el retiro de hasta un 10% de los fondos acumulados en las cuentas de ahorro previsional.

Algunas propuestas al menos reconocen que ello se traduciría en menores pensiones, por lo cual proponen que sea el Estado el que luego reponga en las cuentas los recursos retirados. ¿De qué porte sería esa factura? Aproximadamente de US$ 15.000 millones, es decir, seis veces más que los recursos transferidos a las familias más vulnerables en el marco del programa Ingreso Familiar de Emergencia, y muy por sobre los US$ 12.000 millones de mayor gasto disponible para enfrentar los efectos de esta pandemia.

Otros más conservadores han planteado la idea del “auto-préstamo”, que nos endeudemos con nosotros mismos, sacando recursos de nuestros ahorros previsionales, pero sujetos a la obligación de devolverlos, en rigor “devolvérnoslos”, en el futuro. ¿Cómo? Ya sea con mayores cotizaciones futuras (tendrían que ser adicionales al aumento de 6% de las cotizaciones que ya se está legislando en el Congreso) o bien aplazando la edad de jubilación o edad a la cual se puede acceder a los fondos ahorrados.

¿Se imagina posible que en 15 años más cuando alguien cumpla los 65 años y quiera jubilar, se le diga que no puede acceder a sus propios ahorros porque se debe plata a sí mismo? Creo que no será necesario vivir en Antofagasta para encontrarse un tribunal al que no le importe la ley. Y supongo que nadie apostaría a que llegado ese día se vaya a declarar inadmisible una moción parlamentaria que permita cobrar la pensión de todas maneras.

Siempre existe la posibilidad de algo peor que una mala ley: es que la ley cree situaciones absurdas. El auto-préstamo, el auto-cobro y el auto-embargo son todas entelequias que en este caso seguramente conducirán al absurdo. La realidad de las cosas indica que esa será una deuda incobrable. Es decir que las pensiones van a caer. Para juzgar la viabilidad y efectos de las propuestas que proliferan no basta la rigurosa matemática.  En la planilla Excel pueden dar números verdes propuestas que no resisten el test del realismo político.

Entonces, ¿qué se puede hacer? La mesa de los 16 economistas convocada por el Ministerio de Hacienda propuso aumentar y extender a grupos más amplios de la población las medidas de emergencia financiadas con los recursos del Fondo de Cesantía, propuesta que fue recogida en el acuerdo firmado entre el Gobierno y la mayoría de los partidos de oposición. El gobierno durante esta semana envió al Congreso un proyecto de ley en tal sentido.

Pongamos las cosas en perspectiva: A marzo de este año, había 10.275.868 personas afiliadas al seguro de cesantía, es decir un 93% del total de personas con ahorros en el sistema de AFP. Pero durante abril solo 232.693 afiliados al seguro obtuvieron recursos desde el Fondo. Si, leyó bien, menos de 3% de los afiliados al seguro recurrieron a él.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección del Empleo, además de los que han quedado sin trabajo en estos meses, se estima que, al mes de junio, el número de beneficiarios debiera ser cercano a las 1.600.000 personas. Pero eso sigue siendo solo el 16% de los afiliados al seguro.

Pongamos en perspectiva los recursos disponibles caso: ya dijimos que permitir retirar el 10% de los fondos previsionales equivale a aproximadamente US$ 15.000 millones.  En el Fondo de Cesantía hoy existen US$ 13.800 millones disponibles para apoyar a los trabajadores en este período. US$ 7.800 millones acumulados en cuentas individuales y US$ 6.000 millones en el Fondo Solidario, incluyendo en este último los US$ 2.000 millones de aporte comprometidos por el Gobierno.

El Congreso debe discutir cómo ampliar el acceso, elevar los beneficios que se obtienen desde el Fondo de Cesantía y estabilizar con ellos por un período más largo los ingresos de los trabajadores.  El proyecto eleva a 55% la tasa de reemplazo y la mantiene fija (el primer mes la tasa de reemplazo es de 70%), así como también eleva el monto mínimo a recibir desde el Fondo Solidario de Cesantía manteniéndolo fijo durante los cinco meses de cobertura.

Avanzar por este camino tiene un sentido práctico evidente, usando un sistema que se creó para casos como el que vivimos, que potencialmente permite a cantidades equivalentes de personas acceder a una cantidad equivalente de recursos, y todo ello sin necesidad de causar daño a las pensiones ni ignorar todo lo que con urgencia se demandó y propuso hasta marzo.

 

Columna de Bettina Horst, Directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-