SENADORES, ALCANCÍA Y TENTACIÓN

En época de pandemia no solo es contagioso el virus que la origina, sino que al parecer también las malas políticas públicas de algunos países vecinos. A pesar de la capacidad nacional de convencernos de lo contrario, nuestro sistema de pensiones es de los más robustos del mundo en cuanto a su capacidad de enfrentar el envejecimiento de la población (Índice Mundial de Pensiones, Mercer Melbourne). Es verdad que el sistema no puede hacer magia, y la baja tasa de cotizaciones de muchas personas se traduce en pensiones indebidamente bajas. Pero, aunque desde la política se prefiera ignorar esta verdad, si se ahorra, si se cotiza, al final del camino hay una pensión digna.

Pero el sistema tiene otro flanco débil y está expuesto a un peligro permanente. Dado que es un fondo de capitalización, que crece y se traduce en ahorros del orden de US$ 200 mil millones (un 80% del PIB), ese fondo que hoy pertenece a 11 millones de personas es un botín preciado y una tentación enorme para los que se imaginan capaces de meterle la mano o de frentón apropiarse de él. Esa tentación no tiene nada de original.

Es cosa de mirar a nuestros vecinos: Argentina y Perú. En Argentina hace rato le pegaron un manotazo a este fondo y esa plata hoy simplemente no existe, salvo que usted se conforme con un “vale por” firmado por el Fisco argentino.

El año 2008 ese gobierno expropió los fondos de pensiones ahorrados por los casi 10 millones de afiliados con el argumento que así podía proteger a los ahorrantes de las bajas que sufrían los fondos como consecuencia de la crisis financiera internacional. Pero nuestros vecinos perdieron por partida doble. De no haber sido estatizados, esos fondos se habrían recuperado con creces luego de la crisis financiera, pero lo que iba a ser sólo una caída transitoria pasó a ser una pérdida permanente. Luego los recursos expropiados financiaron un “Fondo de Garantía de Sustentabilidad” (FGS), un fondo de reparto a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La rentabilidad de ese Fondo ha sido muy inferior al retorno que por ejemplo han registrado los fondos de pensiones chilenos. Así entre los años 2008 y 2018 mientras en Chile los fondos de pensiones rentaron en términos reales en promedio un 6% al año, en Argentina la rentabilidad promedio alcanzada por las inversiones del FGS fue sólo algo superior al 3%. Ello significa que si al año 2008 uno tenía ahorrado US$ 10.000 en los fondos de pensiones chilenos al año 2018 estos bordearían los US$ 19.000, mientras que, invertidos por este ente estatal argentino, sólo serían US$ 14.000. Así, en Argentina los ahorrantes perdieron no solo la propiedad sobre sus ahorros, sino que además el país en su conjunto se empobreció al tener ahora un stock de capital menor del que hubiese tenido en caso de no nacionalizar los fondos.

Esa baja rentabilidad no es accidental. Cuando ese fondo pasa a estar disponible para “altos fines nacionales” distintos de buscar la mejor rentabilidad posibles para tener mejores pensiones, cuando se usan para responder a demandas políticas de financiamiento para proyectos públicos y emisión de deuda pública, no tiene nada de raro que la rentabilidad baje y que en muchos casos esas “inversiones” caigan en sacos rotos.

En Perú en estos días se autorizó el retiro de hasta un 25% del total de los ahorros acumulados, con un tope máximo de US$ 3.850. De acuerdo a estimaciones preliminares ello pudiera traducirse en el retiro de hasta un 20% del total de los fondos ahorrados, los que representan del orden de cuatro puntos del PIB. Ello no solo impactará el monto de las pensiones a pagar en un futuro, sino que además la economía en su conjunto tendrá menores ahorros para financiar las inversiones necesarias para reactivar la economía una vez pasada la pandemia.

Así, tanto Perú como Argentina enfrentaron un problema transitorio con políticas que generarán o bien generaron un problema permanente. En Chile, gracias a diversas políticas públicas construidas durante estos 30 años tenemos herramientas y fortalezas institucionales que nos permiten actuar ahora para paliar los efectos transitorios de esta pandemia con políticas también transitorias. Es así como gracias al Seguro de Cesantía creado hace ya casi dos décadas se pueden obtener recursos en tres meses por hasta US$ 7.000.  Sólo nos empobreceremos definitivamente si hoy destinamos los recursos ahorrados para nuestra vejez hacia otros fines.

Pero la tentación política de dirigir el destino de nuestros ahorros siempre está presente. Y si bien la Constitución nos protege de estas tentaciones, esa protección se relativiza cuando proliferan los parlamentarios que simplemente no respetan la Constitución, en nuestro caso senadores que han propuesto “nacionalizar” los fondos de pensiones. 

Columna de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-