La semana pasada, el director de presupuestos presentĂł al Senado los principales componentes del ajuste fiscal que se ha realizado en respuesta a la pandemia. Conocido es ya que el dĂŠficit este aĂąo llegarĂĄ al 8% del producto. Lo que estĂĄ menos interiorizado, es lo que ello implica: que el Estado gastarĂĄ un 42% mĂĄs de los recursos que espera percibir. Esto se debe, en parte, a que -en el mejor de los casos, si el PIB cae âsĂłloâ un 2%- los ingresos fiscales se reducirĂĄn en US$ 12.599 millones, pero tambiĂŠn porque la presiĂłn para incrementar el gasto ha sido incontenible.
Las iniciativas tendientes a enfrentar los efectos de la pandemia nos costarĂĄn un 7% del PIB. Se trata de un esfuerzo fiscal tan necesario como inĂŠdito. En 2009, por ejemplo, el paquete dirigido a afrontar la crisis econĂłmica tuvo un costo de 2,8%. El problema es que la emergencia sanitaria estĂĄ lejos de contenerse, por lo que es posible que ĂŠste reciĂŠn sea el desde. Parte de la oposiciĂłn, ademĂĄs, estĂĄ empecinada en criticar que todo lo que presenta el gobierno es insuficiente, sin reparar en los esfuerzos sin precedentes que ĂŠste estĂĄ realizando y en la prudencia que exige la incertidumbre futura.
Pero es importante tomar conciencia del poco -si no nulo- margen que hay para seguir gastando por sobre nuestras posibilidades si queremos evitar los costos que acarrea la irresponsabilidad fiscal. Este aĂąo la deuda pĂşblica crecerĂĄ muy por sobre las dĂŠcadas pasadas, tendencia que se venĂa produciendo desde 2014 y que se acelerĂł el aĂąo pasado producto del fallido intento por comprar paz social. Lamentablemente, la pandemia nos pillĂł peor parados de lo que hubiĂŠramos querido. Y es que cuando la economĂa crece poco -como en los Ăşltimos 5 aĂąos-, el Estado tambiĂŠn recauda menos. Ello obliga a ser audaces y buscar nuevos espacios para ir en ayuda de quienes lo necesitan. La reasignaciĂłn de recursos, entonces, aparece como la mejor alternativa. Sin embargo, la sola idea de recortar programas o reducir algĂşn gasto que permita generar holguras para financiar las nuevas prioridades suele enfrentar la oposiciĂłn de grupos de interĂŠs que creen tener un derecho adquirido sobre los recursos del Estado.
Con todo, aquĂ aplica muy bien la idea de que las circunstancias excepcionales requieren tambiĂŠn de medidas extraordinarias. ÂżPor quĂŠ no pensar en reducir ministerios, servicios y cargos que hoy no se justifican? ÂżPor quĂŠ no reformular la oferta de programas sociales, reduciendo duplicidades y burocracia, para asĂ liberar recursos que permitan financiar nuevos apoyos a familias que han caĂdo en situaciĂłn de vulnerabilidad? ÂżPor quĂŠ no estudiar la continuidad de programas mal evaluados? El futuro es incierto, sin embargo, lo que sĂ sabemos es que la crisis pondrĂĄ en riesgo muchos de los logros sociales que creĂamos alcanzados. En ese contexto se vuelve un imperativo moral el repensar el gasto pĂşblico para poder atender las nuevas prioridades. El gobierno estĂĄ trabajando en ello, pero ÂżcontarĂĄ con el respaldo de la oposiciĂłn?
Columna de MarĂa Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social, publicada en La Tercera.-Â
