HACINAMIENTO, PANDEMIA E INMIGRACIÓN

Una gigantesca nube de humo que se elevaba al cielo como la pluma de un volcán en erupción apareció en el centro de Santiago hace unos días. Pronto llegó la televisión al lugar y descubrimos que se trataba de un incendio en un cité en la comuna de Estación Central. El alcalde, Rodrigo Delgado, explicó que el origen estaba en el hacinamiento en que viven muchas familias, especialmente inmigrantes en algunos cité de nuestra capital. Agregó que arrendadores inescrupulosos subarriendan habitaciones, precariamente construidas a familias que no tienen alternativas mejores porque su condición de inmigrantes ilegales no les permite firmar un arriendo que sea exigible a la otra parte. Consultado por la razón del municipio para no fiscalizar esas construcciones ilegales respondió que rea muy difícil porque al realizarse al interior de los cité eran difíciles de fiscalizar.

Hace algunas semanas, en los primeros intentos por controlar la pandemia se vivieron situaciones complejas con grupos de inmigrantes de nacionalidad haitiana que se oponían al control epidemiológico que la autoridad sanitaria intentaba realizar para aislar a los contagiados y sus contactos. En la comuna de Quilicura hubo actitudes xenófobas de algunos vecinos contra inmigrantes, por el temor a que se estuviera expandiendo el virus en esas comunidades.

El hacinamiento es indudablemente un factor de expansión del virus y también de situaciones peligrosas como incendios. La inmigración ilegal que se produjo durante el gobierno anterior fue explosiva, hubo años en que más de 400.000 extranjeros, principalmente venezolanos y haitianos entraron al país como turistas, sin que nuestro país ejerciera ningún control sobre ellos. Esas personas fueron bien acogidas por nuestros sistemas públicos de educación y salud, pero en materia de vivienda no ocurrió lo mismo. El mercado laboral, en medio de una economía que se trancaba (el país crecía lo mismo que la población) tampoco fue capaz de ofrecer empleos a todos ellos. El estallido de violencia a partir del 18 de octubre y ahora la pandemia han venido a agravar esta situación.

Quiero dejar claro que soy de la opinión que Chile es un país que debe seguir recibiendo inmigrantes. Nuestro exiguo aumento de la natalidad, y las condiciones de vida que nuestro país puede ofrecer en tiempos más normales continuarán atrayendo inmigrantes, especialmente de países de América Latina. Los inmigrantes pueden traer beneficios a Chile; en lo económico donde si son formales pagan impuestos; en lo educacional donde muchas comunidades migrantes tienen mayor nivel que el promedio de los chilenos; en lo cultural donde lo artístico y lo gastronómico enriquecen a nuestro país; e incluso en lo deportivo. Pero todos estos beneficios están asociados a un inmigrante legal, documentado, que además de cumplir con nuestras leyes está protegido de abusos en lo laboral o en el arrendamiento de viviendas.

Para mi continúa siendo un enigma la irresponsable conducta del gobierno de la presidente Bachelet en esta materia: hay teorías conspirativas que apuntan a tráfico de inmigrantes e incluso a razones ideológicos. Pero para ser prácticos, lo que ahora necesitamos es resolver esas situaciones.

El gobierno del presidente Piñera ha hecho una muy buena labor en este campo. En primer lugar, con el esfuerzo por identificar y documentar a los inmigrantes, mejorando así su acceso a programas de ayuda y su inserción en la comunidad. Pero falta algo: que el Congreso apruebe el proyecto de ley que se ha presentado y que, entre otras cosas, establece el tipo de visas con que deben ingresar los inmigrantes a Chile. Se terminaría con los inmigrantes que vienen a trabajar, disfrazados de turistas, para establecer categorías migratorias, que estarían ligadas a la situación laboral y a tiempos de permanencias. Con su aprobación, Chile tendría una migración regulada y sustentable, acorde a las posibilidades de acoger población extranjera que quiera instalarse de manera permanente en el país.

Pero a veces la ideología puede más que la razón. Indicaciones de parlamentarios de izquierda pretenden impedir que Chile ejerza soberanamente su derecho a aceptar población migrante, estableciendo categorías, consolidando así el modelo de “turistas” que vienen a trabajar, que tendrían después un plazo para regularizar su situación. Esa es la vía perfecta para tener una inmigración desbordada. Se intenta también confundir la situación de un inmigrante con la de un refugiado, que según tratados internacionales tiene derecho a permanecer en Chile.

Sería lamentable que el Congreso inutilizara el intento del gobierno de permitir en Chile una migración sustentable. Si ello llegara a ocurrir, podemos esperar más hacinamiento, más dificultades para controlar la pandemia y en definitiva más xenofobia en nuestro país.

 

 Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-