A raĆz de la inquietud por las dificultades econĆ³micas que ya aquejan a las familias chilenas producto del Covid-19, un grupo de diputados de oposiciĆ³n presentĆ³ un proyecto para suspender temporalmente el pago de aranceles en educaciĆ³n superior.
Si bien se entiende la presiĆ³n que recae sobre ellos en momentos como Ć©ste, es importante no apresurarse y analizar con cautela sus propuestas. Hoy los aranceles aportan el 49% de los ingresos operacionales totales del sistema de educaciĆ³n superior. Ello sugiere el gran alcance que la suspensiĆ³n de Ć©stos tendrĆa en los presupuestos de las casas de estudios y las restricciones que se impondrĆa a su quehacer. Sin ingresos suficientes, no solo existe el riesgo de tener que interrumpir las clases que hoy se realizan en forma remota, sino de afectar tambiĆ©n al personal docente, administrativo y directivo. Pues la mayor parte del gasto operacional en educaciĆ³n superior se destina al pago de remuneraciones ā6 de cada 10 pesos en promedio-.
Esta amenaza golpearĆa especialmente a los trabajadores y a los 575 mil alumnos (48% de la matrĆcula en educaciĆ³n superior) de instituciones que no reciben aportes fiscales por gratuidad y que obtienen mĆ”s del 90% de sus ingresos desde el cobro de aranceles. ĀæQuĆ© hacer entonces? Dado que el problema es real, es urgente que las casas de estudios se anticipen a la creatividad parlamentaria y que busquen, en conjunto con sus docentes y alumnos, soluciones que se adapten a su propia realidad y que lleven a compartir solidariamente los costos de la crisis. En esa lĆnea, parece conveniente pensar en apoyos focalizados a los estudiantes mĆ”s damnificados.
Muchas instituciones ya lo estĆ”n haciendo: becas de internet, computadores, facilidades de pago, entre otros. PodrĆan crear ademĆ”s un fondo solidario a partir de eventuales disminuciones de gastos producto de la suspensiĆ³n de actividades presenciales (por ejemplo, servicios de luz o agua), compensando ademĆ”s por el aumento de otros (licencias de plataformas web). Asimismo, podrĆan surgir iniciativas valiosas desde el personal que estĆ© en condiciones de aceptar una reducciĆ³n temporal de su remuneraciĆ³n para ir en ayuda de los estudiantes mĆ”s afectados. Por Ćŗltimo, podrĆa extenderse el plazo para congelar el semestre de alumnos que presenten dificultades con las clases online, devolviĆ©ndoles los pagos que hubieran sido abonados. No esperemos que sea el gobierno o los legisladores los que impongan sus soluciones.
Las buenas ideas no siempre requieren una ley, sino la voluntad y solidaridad de las partes. Consensuemos medidas que permitan compartir los costos econĆ³micos de la pandemia, entendiendo que el bien superior a resguardar es la continuidad del servicio educativo y las relaciones humanas que Ć©ste requiere. Mientras mĆ”s tardemos, mayor presiĆ³n habrĆ” para que los polĆticos presenten propuestas maximalistas que terminen siendo un peor remedio que la misma enfermedad que pretenden curar.
Columna de MarĆa Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-Ā
