¿SE NOS APARECERÁ MARZO?

La prensa del fin de semana trajo malas noticias que auguran el difícil escenario que nos espera para este año mientras no haya un cambio de rumbo. Son sólo números, dirán algunos, pero lo cierto es que éstos permiten evidenciar parte del deterioro que están sufriendo los hogares del país.
Incidida fuertemente por el tipo de cambio, la inflación de precios en enero fue de 0,6%, el nivel más alto para el mismo mes desde 1998. Si bien los analistas indican que se trata de un alza transitoria –que en adelante será contrarrestada por la menor demanda interna-, ésta nos recuerda cuán expuestos estamos a vaivenes auto infligidos que tienen el potencial de incidir sobre nuestro bolsillo.
A lo anterior se suma otro hecho que afecta directamente el bienestar de los hogares. Desde el Ministerio del Trabajo se informó que en enero se produjeron 132 mil desvinculaciones por necesidad de la empresa, casi el triple que el mismo mes del año anterior. De esta forma, en los últimos tres meses éstos suman casi 300 mil despidos, que representan un alza de 140% en 12 meses. Duro escenario, más aún si agregamos que en el mismo período los avisos de trabajo medidos a través de las publicaciones en portales de internet han caído casi 20%.
Pero eso no es todo. La Dirección de Presupuestos consignó que el déficit fiscal efectivo para este año llegará a 4,5% del PIB. Esto significa que los gastos comprometidos superarán largamente los ingresos fiscales, lo que explica el fuerte aumento de la deuda pública. Si bien diversas voces apoyaron esta idea, en cierta forma para comprar paz social –lo que, por cierto, no se ha cumplido-, ello no es gratis ni se acaba aquí. El pago de intereses costará casi US$ 2.500 millones anuales, que equivalen a lo que el Estado destina a la educación parvularia.
Con todo, vemos que las dificultades por las que atraviesa el país están deteriorando la billetera de las familias y del Fisco, cuya capacidad de endeudamiento tiene límites. El Consejo Fiscal Autónomo, de hecho, manifestó ya su preocupación por la real posibilidad de mantener la sostenibilidad fiscal. Ello, sumado a la incertidumbre en torno al proceso constituyente –y a las futuras reglas que éste imponga-, así como al vandalismo e inseguridad que azotan al país, seguirá postergando las decisiones de inversión, destruyendo negocios y empleos y debilitando los ingresos. Así difícilmente se avanzará en mejores condiciones de vida, que fue lo que supuestamente originó las protestas.
Lo de octubre nos tomó por sorpresa y por lo tanto muchos de sus efectos no eran evitables. Pero lo que ocurra en adelante sí debiera serlo. ¿Existe un plan de contingencia frente a la paralización de actividades y los desórdenes que se han anunciado? ¿Qué está haciendo la autoridad para reducir la incertidumbre y evitar que “se nos aparezca marzo”? ¿Estará esta vez la clase política dispuesta a cuadrarse contra los hechos de violencia, o parte de ésta seguirá tratando de sacar partido de ellos?

Columna de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-