El Congreso ha completado esta semana la tramitación del proyecto de modernización tributaria. Aprobó también, en primer trámite constitucional, la reforma previsional. Es posible que en el gobierno haya satisfacción por los avances de ambas reformas: han trabajado duro para aprobarlas.
Pero el país no debiera estar conforme. Ninguna de las dos reformas, consideradas emblemáticas, ha cumplido sus objetivos originales. La modernización tributaria pretendía incentivar la inversión y simplificar la operatoria para los contribuyentes, aumentando además la certeza jurídica. Sólo logró, parcialmente, este último objetivo al eliminar uno de los regímenes instalados por la reforma anterior y morigerar las excesivas facultades del SII. En relación a la inversión, en cambio, se aumentó la carga tributaria en más de 2.500 millones de dólares anuales en régimen, subiendo varios impuestos, lo que impactará negativamente en la economía. Sólo algunas PYME tendrán algún alivio tributario e incentivos a invertir por normas especiales diseñadas para ellas.
La reforma previsional, por su parte, pretendía aumentar las pensiones vigentes aliviando la situación de los jubilados y también se proponía incrementar el ahorro de los trabajadores para evitar que en el futuro sus pensiones volvieran a estar por debajo de sus expectativas. Logró lo primero, pero no conseguirá lo segundo y lo que es peor, introdujo distorsiones de tal calibre en los incentivos al sistema que se lesionará considerablemente su capacidad de generar buenas pensiones en el futuro.
Con el transcurso del tiempo el pilar contributivo será cada vez menos importante y crecerá en cambio la participación del pilar solidario existente hoy y también del nuevo fondo de ahorro colectivo solidario. Cabe esperar eso, pues será necesario en el futuro volver a aumentar las tasas de cotización por el exiguo aporte que esta reforma hace al ahorro previsional (0,1% en los primeros años), pues se cedió a destinar parte de la cotización a reparto. Con esto, para cada vez más personas, será indiferente cuánto se cotice a sus cuentas de ahorro previsional, pues la mayor parte de su pensión será determinada por decisiones de los políticos que fijarán los beneficios del pilar solidario y también determinarán los favorecidos por el ahorro colectivo solidario administrado por el ente estatal, que antes de nacer, ha vuelto a mutar y se llamará ahora Agencia de Seguridad Social. La base de ahorro se reducirá impactando el financiamiento de la inversión en Chile. Por último, lejos de simplificarse, el sistema será cada vez más complejo, con opciones de dudoso efecto como descuentos grupales en comisiones que podrían fomentar la corrupción. Un precio demasiado alto para lograr aprobar esta reforma.
Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-
