REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

El análisis de LyD publicado la semana pasada es un ejercicio que busca estimar la contribución del Estado a la reducción de la desigualdad. Considerando que en Chile solo uno de cada 10 programas sociales corresponde a una transferencia directa de recursos, es importante cuantificar no solo el alcance de éstas, sino también el de otras prestaciones financiadas con gasto público, como salud y educación.

Por su parte, la OCDE (2011) realiza este ejercicio para un grupo de países y aunque la metodología no es estrictamente comparable, sus resultados son útiles como referencia. Éstos arrojan que el Gini antes de impuestos y transferencias se reduce en promedio 5,9 puntos una vez que se incluye la redistribución estatal. En el caso de Chile, nuestras estimaciones arrojan una caída de 11 puntos respecto al Gini con ingresos autónomos.

Esto nos lleva a concluir que, si bien la cuantía del gasto social es importante, más lo es la forma en que éste se asigna y la calidad de los servicios provistos en virtud de éste. Si, por ejemplo, los recursos públicos se destinan a financiar la educación superior de los más pobres y la clase media, el efecto en reducir la desigualdad es mayor que si se destina a la gratuidad universal, que favorece proporcionalmente más a las familias más pudientes. Asimismo, si los servicios públicos son de baja calidad, digamos una educación escolar que con frecuencia es afectada por paros y violencia, el alcance que cada peso gastado tendrá en la percepción de igualdad también será menor. Así, el desafío no está solo en pensar mecanismos que permitan aumentar el gasto público, sino primero en cómo mejorar la calidad de éste y hacerlo más eficaz en reducir las desigualdades tanto cuantitativas como percibidas por los propios beneficiarios.

Carta de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social, publicada en La Tercera.-