¡No son sólo números!

La publicación del IPoM de diciembre de 2019 por parte del Banco Central ha sido especialmente esperada por los distintos sectores, dada la enorme necesidad de entender cuáles y qué tan profundos serán los efectos que las protestas y la violencia tendrán en nuestra economía y, finalmente, en nuestra sociedad.

Quizás la noticia más visible es el importante ajuste a la baja de la proyección de crecimiento, no solo para este año -desde 2,25-2,75% a 1%-, sino que también para el próximo -desde 2,75-3,75% a 0,5-1,5%-, e incluso el 2021.

La importancia de este ajuste no es sólo por los "números", sino que también consecuencias sociales que tiene un menor crecimiento. Una de ellas tiene que ver con el impacto en el balance fiscal. La importante y necesaria agenda anunciada por Hacienda, a implementarse el próximo año, requiere de un significativo esfuerzo de financiamiento, tanto en incremento de la deuda pública como en reducción de activos. Aún cuando esta agenda encuentra a las finanzas públicas con espacio para su financiamiento, las deja en una situación de vulnerabilidad importante, especialmente si consideramos que el crecimiento económico se estima entre reducido y moderado para todo el horizonte de proyección y dada la dificultad que hemos mostrado en los últimos 11 años en controlar nuestros déficits fiscales.

Las finanzas públicas no son sólo números. De la percepción de solidez que el resto del mundo tenga de ella dependerá el costo de nuestro financiamiento.

La pérdida de la confianza en nosotros se traducirá en el encarecimiento del financiamiento, tanto para el Fisco -desviando más recursos de programas sociales hacia el pago de intereses más altos-, como para el sector productivo y, finalmente, para los consumidores, a través de sus créditos de consumo e hipotecarios.

El menor crecimiento también tiene impacto negativo en la pobreza y en la distribución de ingresos, como nuestra experiencia así lo demuestra. En el período 2010-2013, en que el crecimiento promedio fue 5,3%, los ingresos per cápita del trabajo de las familias pertenecientes al primer decil aumentaron 42,5%, lo que permitió reducir la desigualdad de este grupo respecto a los deciles más altos, cuyos ingresos también crecieron, pero a una tasa menor. Ello contrasta con lo ocurrido entre 2014 y 2017, cuando la economía creció solo un 1,8% promedio y los ingresos del trabajo del primer decil disminuyeron 1,9%, deteniendo la reducción de la desigualdad que se venía observando. El crecimiento económico y la política social van de la mano, por lo que, si queremos avances en materia social, no pueden desasociarse.

El escenario base del IPoM supone que las disrupciones que afectan la economía irán desapareciendo en el curso de los próximos trimestres, al mismo tiempo que se irá reduciendo la incertidumbre que afecta las decisiones de consumo e inversión, elementos claves para volver retomar el crecimiento. Sin embargo, esto no está garantizado. El cambio institucional que implica una nueva Constitución que experimentará el país será determinante en el manejo de esta incertidumbre.

 

Columna de Macarena García, Economista Senior de LyD, publicada en El Diario Financiero.-