Igualdad de trato a través de los municipios

En estas semanas se ha planteado con fuerza la necesidad de avanzar hacia un trato más igualitario entre los distintos sectores de la sociedad. Esto tiene varias caras y buena parte se centra en las demandas por un trato más igualitario desde el Estado hacia las personas. Una prioridad es la desigualdad que existe entre la cantidad y calidad de bienes y servicios públicos locales que el Estado entrega a través de los municipios. La cara más visible de esta desigualdad se refleja en los presupuestos que administra cada municipalidad. Hoy, entre los municipios de más de 50.000 habitantes, los 10 de mayores recursos cuentan en promedio con $ 440.000 por habitante, mientras que los 10 de menores ingresos disponen de $ 108.000 por habitante.

Con eso en mente, el Gobierno ha planteado dentro de su agenda social un rediseño al Fondo Común Municipal. A través de este fondo hoy se redistribuye el 34% del total de recursos que administran nuestros municipios. A él todos los municipios aportan recursos que recaudan -con algún grado de progresividad, en cuanto a que los que históricamente han contado con mayores recursos aportan más-, los que luego son transferidos a los municipios, mayoritariamente sobre la base de indicadores que reflejan el nivel de pobreza de cada uno de los territorios. Pero así y todo se mantienen importantes diferencias.

Para poder avanzar efectivamente en una mayor equidad territorial se requiere abordar los problemas estructurales que están presentes en el financiamiento municipal.

El principal son las exenciones que la ley fija al pago del impuesto territorial. Estas exenciones se traducen en que el 22% de las viviendas pagan contribuciones. Así, hoy se recaudan $1.400 mil millones menos de los que se debieran recaudar en caso de no haber exenciones, lo que representa un 1/3 del total de los recursos del sector municipal.

El efecto de las exenciones en cada una de las comunas es dispar. Por ejemplo, en el caso de la comuna de Las Condes, menos del 2% de las propiedades están exentas del pago de contribuciones, mientras que en las comunas de Puente Alto y La Florida esta cifra se eleva a 92% y 66% respectivamente. Dado que estas exenciones son fijadas por ley, debe ser el gobierno central el que compense directamente a los municipios por estos menores ingresos. Sólo así se podrá ir avanzando hacia una mayor equidad territorial desde el Estado.

Pero todo nuevo recurso para nuestros municipios debe ir acompañado de una reforma que vele por su bueno uso, de forma tal que realmente se traduzca en un mejor servicio a la comunidad y no en un aumento o bien encarecimiento de la burocracia local. Para eso, se debe avanzar en una mayor transparencia respecto del destino de los recursos con indicadores que permitan, en forma comparable entre municipios, conocer en qué se ejecutan los mismos. De lo contrario, cualquier esfuerzo fiscal adicional para allegar mayores recursos a este sector no se traducirá en más y mejores beneficios para la ciudadanía.

 

Columna de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas, publicada en Medios Regionales de El Mercurio.-