El rol del Estado en la reducción de la desigualdad

Últimamente, se afirma con frecuencia que la contribución del Estado a reducir la desigualdad es casi nula, lo que se sostiene en la modesta caída que ésta experimenta cuando se incorpora a los ingresos del trabajo, el pago de impuestos y subsidios monetarios. Sin embargo, hay una parte significativa del gasto público que se destina a financiar prestaciones en salud y educación que, como no se entregan como subsidio directo, se omiten de dicho cálculo, aun cuando sí constituyen una redistribución de recursos hacia los más pobres y la clase media.

Pues bien, al cuantificar estos gastos e imputarlos a sus beneficiarios, se encuentra que en 2017 la acción estatal posibilitó una caída de 11 puntos en el coeficiente Gini y que el índice 10/10, que mide la participación de ingresos del 10% más pudiente sobre el 10% más pobre, se redujo a la mitad (Irarrázaval 2019). Estos resultados sugieren que, en términos cuantitativos, el Estado sí está contribuyendo de forma importante a reducir la desigualdad.

Dicho efecto, sin embargo, se ve atenuado por la brecha de calidad que explica que aquéllos que se atienden gracias al financiamiento público en salud y educación, alcancen una menor satisfacción que quienes lo hacen en el sector privado. Prueba de ello es la cada vez menor preferencia de las familias por la educación pública y la percepción de malos tratos en los servicios de salud, en el transporte público y en las oficinas de servicios públicos, que mayoritariamente se atribuyen a los propios funcionarios (PNUD 2017).

De esta forma, es posible deducir que, antes de aumentar la recaudación y el gasto, es imprescindible mejorar la calidad de los servicios públicos y el trato de los funcionarios, de manera que el esfuerzo económico que el Estado ya está realizando para reducir la desigualdad cuantitativa, posibilite también una percepción de mayor igualdad y dignidad.

Lamentablemente, nuestra clase política no parece estar consciente de ello. Por estos días, por ejemplo, se está discutiendo el proyecto de reajuste de sueldos en el sector público. Mientras organismos como la CUT y ANEF en principio solicitaron un aumento cuyo costo fiscal sería de US$ 3.500 millones (equivalente a tres veces la agenda social acordada recientemente por el oficialismo y la oposición), el gobierno propuso un reajuste más modesto, que favorece proporcionalmente más a quienes tienen menores sueldos. Se trata de una iniciativa razonable que igualmente costaría US$ 1.500 millones, pero que los diputados de oposición rechazaron rotundamente.

Si de verdad queremos avanzar en reducir la desigualdad, es necesario reconocer que el Estado ya está cumpliendo un rol, pero que aún falta una mayor contribución de los legisladores y funcionarios públicos que gozan de mayores privilegios. Esto, naturalmente, no termina en lo económico, sino que tiene que ver con mejorar el modo en que están realizando su labor y cómo los percibe la ciudadanía.

 

Columna de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-