La iniciativa exclusiva del Ejecutivo en ciertas materias, contrario a la creencia popular, no fue una innovación de la actual Constitución. Por el contrario, se trata de un aspecto justificado y propio de nuestra tradición constitucional, que se remonta a la Constitución de 1925 y a las reformas aprobadas durante el gobierno de Juan Antonio Ríos que limitaron, dado sus nocivos efectos, la iniciativa parlamentaria en gastos públicos.

La disciplina fiscal, esencial para el crecimiento económico de largo plazo y la eficacia de las políticas públicas, requiere de la existencia y estricta observancia de normas que aseguren un buen manejo del presupuesto público. Por dicha razón, es lamentable que, pese a un Protocolo de Acuerdo suscrito por los integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos, la Cámara de Diputados haya aprobado una irresponsable indicación parlamentaria que pretende subir en un 50% la Pensión Básica Solidaria (PBS), cuyo contenido es evidentemente inadmisible. Los diputados que hicieron caso omiso al texto constitucional vigente y a la opinión de la Mesa de la Cámara debieran reflexionar sobre su actitud, especialmente en el contexto actual de incertidumbre e inestabilidad y por la magnitud de las cifras involucradas.

La responsabilidad, que hoy es casi una virtud heroica, no es patrimonio exclusivo de una generación determinada o de un sector político. En tiempos turbulentos, es de esperar que ahora en la tramitación de la Ley de Presupuestos en el Senado prevalezca la prudencia y el respeto a la institucionalidad por sobre el populismo.

Carta de John Henríquez, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-