La tiranía de la ortodoxia

Si yo creyera que es posible abandonar la racionalidad y pensar visceralmente, el título de esta columna sería "Anunció mi muerte cívica", y el espacio lo dejaría en blanco. Ello, por la dificultad, casi insuperable, de interpretar la actualidad en el clima de tiranía brutal de la ortodoxia reinante. Se nos reitera que estamos ante un estallido social espontáneo; que sus causas son la rebelión natural frente a la desigualdad que la economía de mercado habría traído consigo; que esta rebelión tiene un elemento redentor que sería beneficioso para la democracia; que se manifiesta en forma pacífica, y solo existen "incidentes aislados" de violencia; y que estamos frente a una situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas de orden.

Cuestionar la "verdad oficial" es exponerse a las peores descalificaciones. Pues bien, a estas alturas de la vida no es posible traicionar la propia naturaleza, ni ajustar el pensamiento a los requerimientos de la popularidad y del aplauso fácil. Así es que me lanzo en esta tarea, tan ardua como a lo mejor fútil, de cuestionar críticamente algunas, si no todas, las premisas hoy preponderantes. No estamos meramente ante un movimiento social instintivo que nace solo de la injusticia y por lo tanto se resuelve aumentando el gasto social, incluso a expensas del crecimiento futuro.

Las manifestaciones no solo no son pacíficas, sino que han adquirido dimensiones de severidad sin precedentes. Finalmente, no puede haber violaciones sistemáticas a los derechos humanos cuando hay un gobierno preocupado de aplicar protocolos correctos, un organismo especial de derechos humanos, fiscalías autónomas y poder judicial independiente que investigan y sancionan. Lo que ocurre sí era predecible, aunque no por las razones que se esgrimen, pues la explosión que nos ha golpeado no es meramente la expresión del descontento social, aunque se nutre de él, sino la conclusión lógica del desprestigio terminal de nuestras instituciones democráticas, lo cual ha creado un verdadero vacío de poder; de la pérdida de los consensos mínimos sobre qué sistema económico y qué tipo de democracia queremos; e, insisto, sobre la legitimidad del uso de la fuerza para resolver los problemas políticos y sociales.

No creo en conspiraciones, pero tengo el convencimiento profundo de que las manifestaciones de hoy son planificadas, organizadas, financiadas y dirigidas por quienes no aspiran a mejorar la situación de los chilenos, sino a "agudizar sus contradicciones" para desestabilizar al gobierno democráticamente elegido e imponer su poder. Así lo reafirma el PC en sus congresos ideológicos al reivindicar la vía armada y el entrenamiento militar permanente de sus cuadros. Por cierto, el descontento social tiene fundamentos. Construimos un sistema cuyo único principio legitimador era el crecimiento del producto y del consumo, sin claridad respecto al sentido de justicia que lo debe inspirar.

La caída abrupta de ambos en los últimos cinco años —dejando indemnes las expectativas, pero sin la posibilidad de satisfacerlas— solo podía generar resentimiento y rabia. Por otra parte, el concomitante indispensable para una democracia liberal estable y exitosa es su capacidad de asegurar movilidad social (que se funda en una educación pública de calidad), de garantizar la igualdad efectiva ante la ley, el respeto por la igual dignidad de todos, el fin efectivo de los privilegios que causan desigualdades intrínsecamente injustas, como son las malas prácticas empresariales que conspiran contra la economía de mercado. Desgraciadamente, parte de la élite no supo hacer el tránsito desde las relaciones propias de la época de la hacienda a las actitudes y conductas que exige una sociedad moderna de iguales.

 

Columna de Lucía Santa Cruz, Consejera de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-