La historia se repite, aunque no siempre con los mismos elementos. En época medieval, varios Papas restringieron o prohibieron el cobro de intereses en el préstamo de dinero; como los judíos no se sentían obligados por esas prescripciones, quedaron, sin proponérselo, a cargo de una suerte de monopolio del crédito que les permitió cobrar intereses considerados abusivos por los deudores. Sin decir expresamente la verdadera causa (se acusaba a los judíos de deicidas), hubo varios saqueos en los barrios llamados juderías, en varias ciudades de España, Sevilla y Toledo incluidas. Era la forma de responder al abuso y recuperar, por la vía del saqueo y la violencia, todo o parte de los intereses considerados usurarios.

El punto es que no existe todavía hoy una forma de determinar cuándo cualquier cobro es abusivo, aparte del interés máximo convencional. Así, el abuso puede consistir en una realidad objetiva, o bien, en una percepción subjetiva del supuesto abusado.

Cuando el panadero compra harina a precio de mercado y no tiene distorsiones en los demás costos, intentará vender su pan al mejor precio que le puedan pagar sus clientes, de acuerdo con la calidad del producto, y sin que se vayan a comprar a otra panadería. Pero si se imponen restricciones al mercado y se permite que los panaderos se organicen monopólicamente, el pan va a tener un sobreprecio que no existiría en libre competencia.

Pero, ¿qué sucede con bienes y servicios que son naturalmente un monopolio, como la distribución del agua o de la luz eléctrica? Sucede que el Estado, a través de organismos técnicos, debe fijar un precio que sea lo más cercano posible al que se hubiera llegado si el respectivo servicio se pudiera otorgar en un mercado libre y competitivo. Pero esa fijación hecha por la autoridad no elimina la posibilidad de que el precio fijado se considere abusivo, lo que posibilita la convocatoria a reclamar, incluso por la vía violenta, una rebaja del precio o distintas formas de compensación por varios abusos ventilados ante la opinión pública.

Lo que nos falta conocer, en el caso presente, es cuáles son las verdaderas razones de una violencia destructiva e irracional que va mucho más allá de un alza de 30 pesos en el pasaje del metro y que no constituye una compensación de ningún cobro considerado abusivo, que afecta al grueso de la población.

Carta de Pablo Kangiser, Abogado de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-