Senadores de Chile Vamos llaman al gobierno a abrirse a negociar la reintegración tributaria, informa La Tercera en su edición de ayer. Días antes el Ministro del Interior había señalado que la integración no era un dogma, abriendo así la puerta a una modificación del proyecto que ha impulsado el gobierno bajo la conducción del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien a su vez ha calificado a la reintegración como el corazón del proyecto.

Un senador, o un ministro que no está en los detalles del proyecto, pueden hacer afirmaciones generales, que incluso pueden ser ciertas, como que hay distintos instrumentos tributarios para lograr un objetivo. Lo que no se entiende es que las hagan sin considerar el efecto que ellas puedan tener en la negociación de un proyecto de ley que el gobierno ha calificado como emblemático para lograr una de sus principales promesas electorales: mayor crecimiento de la economía.

Eso es simplemente mala política, no una cuestión técnica.

Ya antes el tema de la reintegración había sido cuestionado. Incluso desde senadores de la oposición, y técnicos como Rodrigo Valdés, se había planteado como alternativa rebajar la tasa de impuesto a las empresas de 27 a 25% a cambio de dejar de lado la integración. Podía ser una opción a considerar, o a negociar, dado que el programa del Presidente Piñera también consideraba esa baja. Desgraciadamente nunca hubo, ni la hay ahora, garantía alguna de que había votos en la oposición para apoyar esa transacción.

El problema es otro; y nuevamente político. Resulta que el gobierno diseñó y llevó a cabo su estrategia de negociación para lograr los votos que le faltan para aprobar este proyecto sobre la base de convencer al Presidente de la DC y a varios diputados que la integración era una buena solución si se compensaban sus efectos redistributivos.

¿En qué queda todo eso? ¿Qué hay del apoyo cerrado que los Ministros Larraín y Blumel lograron entre los diputados oficialistas?

Una nueva negociación, sobre bases completamente distintas a las que se habían considerado hasta ahora, hace entrar al proyecto en una fase gelatinosa en que todo puede ocurrir. Se diluye así completamente el objetivo que se le asigna a esta reforma en las expectativas económicas y lo que es peor (de nuevo la política) se retrasa su tramitación, extendiéndola inevitablemente al año 2020. Se configura así el peor escenario político posible para un gobierno: la agenda, la evaluación de su gestión, estarán a merced de las decisiones de su adversario, que tiene los votos necesarios para aprobar o rechazar el proyecto.

Soy muy crítico a los intentos desde otros órganos o poderes del Estado: tribunales, Ministerio Público, Contraloría, a gobernarnos con sus fallos y resoluciones, contrariando la idea liberal del gobierno de las leyes y no de los hombres. Pero los vacíos suelen llenarse.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-