PROYECTO PRO INVERSIÓN A LA ESPERA

A más de un año de tramitación en el Congreso, la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto de ley Pro Inversión para ser votado en la Sala. Sin embargo, y pese a que el proyecto tenía urgencia de discusión inmediata, la Sala del Senado simplemente no lo votó y el Ejecutivo decidió retirar dicha urgencia. ¿La razón? Molestia por parte de senadores de oposición porque la Comisión de Hacienda, según indicaron tales senadores -excediéndose de su competencia y a costa del medio ambiente-, habría repuesto indicaciones del Ejecutivo que habían sido previamente rechazadas por otras comisiones técnicas. Lo anterior no hace más que demostrar la poca voluntad de algunos parlamentarios de avanzar en aquellas materias que el país requiere con urgencia.

En primer lugar, es importante tener presente que el proyecto Pro Inversión es un proyecto misceláneo que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de reducir la burocracia y aumentar la certeza jurídica, ambos aspectos claves para fomentar la inversión, y sin sacrificar la debida observancia que se debe tener respecto de la legislación ambiental y sectorial del caso.

En segundo lugar, en la Comisión de Hacienda se debatió seriamente cada una de las indicaciones que se repusieron. Así, se reincorporó una que dice relación con la regulación a nivel legal del carácter vinculante de las consultas de pertinencia formuladas al Servicio de Evaluación Ambiental, lo que hoy se encuentra regulado únicamente a nivel reglamentario. Dicha norma permitiría a los titulares de los proyectos solicitar un pronunciamiento vinculante por parte de la autoridad ambiental respecto a si un proyecto o actividad o la modificación al mismo, según sea el caso, debe someterse o no al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La modificación resulta positiva en aras de una mayor certeza jurídica para los inversionistas y toma los debidos resguardos para que se respete la regulación ambiental, dado que dicho pronunciamiento es sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia del Medio Ambiente y de los recursos que procedan.

Asimismo, las indicaciones repuestas que pretenden externalizar ciertos trámites que requieran inspección en terrenos por parte de funcionarios de la Dirección General de Aguas, contribuyen a una mayor agilidad al sistema, teniendo en consideración que muchos de esos trámites se alargan hoy innecesariamente. Para ello, el proyecto crea un Registro de Peritos Externos, a cargo de la DGA, que durará ocho años. Con la modificación propuesta se reducirán costos financieros y de tiempo, tanto para las empresas como para el Estado, generando mayores eficiencias, y sin afectar las funciones de la DGA.

Finalmente, y sin entrar al detalle de otras propuestas positivas, resulta cuestionable el argumento esgrimido para intentar dilatar el proyecto. Los proyectos de inversión repercuten directamente en la generación de empleo de calidad y en el crecimiento económico del país. Si éstos se atrasan o no se ejecutan, también se retrasa dicho crecimiento económico, lo que tiene una relación directa con la administración presupuestaria y financiera del Estado.  Además, fue la misma Sala del Senado la que acordó abrir un plazo de indicaciones estando el proyecto en la Comisión de Hacienda. Y, es a esta comisión a la que se le encomendó revisarlas. En consecuencia, seguir retrasando la votación de este proyecto no tiene mayor justificación.

 

Columna de Pilar Hazbún, Coordinadora Programa legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Diario Financiero.-