Una de las razones que llevaron al gobierno de Bachelet a prohibir la selección escolar, fue acabar decididamente con la segregación socioeconómica que exhibía nuestro sistema educativo. Ello, bajo el supuesto de que ésta era causada por los colegios subvencionados y la utilización de sus procesos de admisión netamente para discriminar a los alumnos y sus familias. Así lo planteaba el exministro Eyzaguirre en 2014: "entrevistan a los padres, pero en el fondo están tratando de escudriñar la solvencia económica, el capital cultural y cuán avanzados están los niños".
Prejuicios como éste bastaron para instalar un clima de desconfianza hacia las escuelas, a las que finalmente se les impidió definir los criterios sobre los cuales el nuevo sistema de admisión centralizado (SAE) asignaría sus propias vacantes.
Pues bien, en el inicio de su cuarto período de implementación gradual, los resultados del SAE permiten poner en duda dicho diagnóstico y, en cambio, ratifican las dudas de quienes fuimos más escépticos.
Pues si las escuelas y sus supuestas prácticas discriminatorias hubiesen sido las causantes de la segregación, el término de la selección habría llevado a reducirla drásticamente. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.
Al analizar la cohorte de alumnos que en 2017 asistía a 8° básico y que en 2018 ingresó a 1° medio, encontramos que en las regiones donde entró en vigencia el SAE, no hubo una caída sistemática en la segregación en relación a las regiones donde éste no se introdujo. Por su parte, los resultados preliminares de Urzúa (U. de Maryland y Clapes UC) y sus coautores, que se encuentran estudiando en detalle lo ocurrido en la región del Biobío, indican que la segregación de alumnos vulnerables de hecho aumentó tras la implementación del nuevo sistema de admisión, lo que se explicaría por el aumento en las familias que optaron por desplazarse a la educación particular pagada.
Lo que parece una paradoja, la verdad no lo es. La segmentación escolar es un fenómeno mucho más complejo de lo que se planteó. De acuerdo al estudio del mismo Urzúa, parece tener que ver con cómo se distribuye la población en el territorio, sus alternativas de traslado y con los elementos que guían las preferencias de las familias. Reducirla a un asunto de discriminación por parte de las escuelas fue una inútil sobresimplificación.
Si bien esta experiencia aún debe seguir estudiándose, por ahora nos entrega algunas lecciones sobre lo peligroso que es legislar y hacer reformas radicales sobre la base de prejuicios, casos aislados o diagnósticos incompletos. Ojalá nuestros legisladores reflexionen al respecto y eviten seguir cometiendo este tipo de errores en otros ámbitos –por lo pronto, el laboral-, viendo malas intenciones donde no las hay y generando falsas expectativas en una ciudadanía que ya aprendió que las recetas mágicas suelen ser las menos eficaces.
