Las Instituciones al tacho

Los diputados de oposición y sus partidos descubrieron que el irresponsable proyecto de ley de Camila Vallejo, que rebaja sin más la jornada semanal máxima de 45 a 40 horas semanales, tenía apoyo popular y de allí en adelante han cometido todo tipo de tropelías, atropellando las instituciones, para lograr aprobar este proyecto y propinar así una derrota política al gobierno. Como este último ha actuado con vacilaciones, la estrategia de la oposición hasta el momento es exitosa.

El desprecio por las instituciones parte por tramitar sin más un proyecto abiertamente inconstitucional. Desgraciadamente para ello la oposición ha contado con la complicidad de abogados constitucionalistas que niegan que el proyecto de Vallejo “altera las bases que sirven para determinar las remuneraciones” de aquellos funcionarios contratados por el Estado con arreglo al Código del Trabajo. Vale decir, desconocen que la frase entre comillas, incluida en la Constitución entre aquellas materias en que el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva, impide que el Congreso mediante un proyecto de ley modifique las remuneraciones por hora de dichos trabajadores. Es evidente, mediante un cálculo aritmético, que si se rebaja la jornada máxima en 5 horas a la semana, la remuneración por hora de esos trabajadores se verá alterada. Por ello el Constituyente no se limitó a decir que era de iniciativa exclusiva la fijación de remuneraciones, sino que agregó que también lo era “alterar las bases que sirvan para determinarlas”. Ignorar que una de las bases para determinar la remuneración es la jornada horaria en que se tendrán que prestar los servicios, es simplemente faltar a la verdad, pues es evidente que la jornada de trabajo es parte esencial de la remuneración pactada.

Hay que agregar que durante el gobierno anterior este mismo proyecto fue declarado inadmisible dos veces por la mesa de la Cámara, presidida en ambas ocasiones por un diputado socialista.

Pero las burlas a nuestra institucionalidad no se quedan aquí. El lunes recién pasado la Presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans del Frente Amplio, decidió poner en tabla para votación el proyecto de la diputada Vallejos, pese a que en esa Comisión había en tabla proyectos del Ejecutivo que tienen urgencias legislativas, lo que transgrede abiertamente el reglamento de la Cámara de Diputados al no considerar la prerrogativa Constitucional del Presidente de la República de fijar las urgencias en la tramitación de proyectos. Esto fue representado por el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, a la mesa de la Cámara de Diputados mediante una carta.

Pues bien, como respuesta al requerimiento de tratar primero los dos proyectos del Ejecutivo que tenían urgencia legislativa, a la Comisión no se le ocurrió nada mejor que despachar esos proyectos a la Sala sin Informe de la Comisión, para así hacer espacio a la moción de Camila Vallejo. Esto es abiertamente irregular pues la Comisión está haciendo abandono de sus deberes parlamentarios como una manera de lograr su objetivo político de votar la moción que rebaja la jornada de trabajo.

Los diputados que así actúan denigran su cargo y demuestran que su único objetivo es lograr un provecho político a partir de la tramitación de un proyecto, aun cuando para ello deban desconocer la Constitución, las leyes y los reglamentos de su propia Corporación. Finalmente, entre el lunes y el martes de esta semana la moción que rebaja la jornada semanal a 40 horas se votó y aprobó, por siete votos contra seis en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios oficialistas pidieron que el proyecto pasara a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cuestión que también fue sometida a votación por la Presidenta de la Comisión y fue rechazada. Pasará entonces a la Sala de la Cámara de Diputados para continuar su tramitación.

Así las cosas, el Gobierno no tiene otro camino que recurrir al Tribunal Constitucional y/o ejercer su poder de veto.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-