El proyecto de ley (PDL) que moderniza la legislación tributaria, que se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados, propone un cambio en la base de establecimientos afectos al impuesto verde desde una medida de capacidad instalada a una de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Específicamente, propone pasar desde "fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individualmente o en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios térmico", a una definición de "fuentes que emitan 100 o más toneladas anuales de material particulado, o 25.000 o más toneladas anuales de dióxido de carbono".

Teóricamente, la propuesta del PDL sería más eficiente, porque se acerca más a un "impuesto pigouviano", el cual grava directamente las emisiones -que son la externalidad que se quiere corregir-, en vez de un proxy imperfecto como es la capacidad instalada. Pero en la práctica, este cambio de base no sólo implica, per se, una ampliación de la misma -al eliminar la referencia a las turbinas y calderas-, sino que además puede presentar un problema si se considera que el umbral propuesto de 25.000 toneladas anuales de CO2 para gatillar el impuesto fuera muy bajo.

En efecto, existe el riesgo de generar una 'fuga de carbono' como resultado de la aplicación unilateral de un impuesto al carbono, especialmente si es un país pequeño de economía abierta. Ello, porque aumenta los costos operacionales de las empresas afectas, lo cual genera una desventaja competitiva y puede llevar a la sustitución de producción local por importaciones o incluso a la relocalización de la producción intensiva en carbono a países con regulaciones menos estrictas (o sin regulación alguna). El problema es que la huella de carbono disminuye en el país que implementó la política, pero aumenta en el país con regulaciones más laxas.

Peor aún, es probable que las emisiones globales aumenten en términos netos, ya que la importación implica mayores emisiones asociadas al transporte internacional, y muchas veces mayores emisiones durante el proceso productivo debido a tecnologías menos eficientes. Las industrias más afectadas son cemento, químicos, acero, papel, vidrio y alimentos.

En el extremo, si las empresas quiebran o se trasladan a otro país tampoco habría recaudación por concepto del impuesto verde. Es decir, el impuesto sería inefectivo tanto desde el punto de vista recaudatorio como ambiental.

La fuga de carbono evidencia la necesidad de coordinar a las naciones para que la aplicación de un impuesto al carbono sea global. Por este fenómeno es que también se debe tener cuidado en no tener un precio del carbono excesivamente alto.

Por último, la mitigación no es el principal problema ambiental de Chile, país pequeño y de baja contribución a las emisiones globales de GEI (0,23%). En cambio, sí es altamente vulnerable frente al cambio climático y cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad, por lo cual sus esfuerzos deberían concentrarse más en la adaptación al cambio climático.

Columna de Alejandra Palma, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en El Diario Financiero.-