El secreto mejor guardado

Cuando se analiza la trayectoria que llevó a Chile a convertirse en el país más próspero de Latinoamérica en las últimas décadas se mencionan varios factores. En el origen está la decisión del gobierno militar de transformar la economía chilena en una de libre mercado, con apertura al comercio internacional, libertad de precios y un Banco Central independiente que ha sido clave para derrotar la inflación; para mencionar algunas de las reformas más importantes. A partir de allí, los recursos comenzaron a ser asignados a aquellas actividades en que nuestro país era más eficiente produciendo, sentando las bases de un mayor crecimiento económico. Las privatizaciones y esquemas tributarios que fomentaron el ahorro y la inversión fueron también muy importantes.

Pero la llegada de la democracia vino a dar un renovado impulso a este proceso; de hecho, en la década de los noventa se lograron las mejores cifras de crecimiento. La legitimidad alcanzada en esos años permitió un aumento importante de la inversión nacional y extranjera y las reformas que introdujeron los gobiernos de la Concertación aumentando el gasto social y extendiendo la presencia de la empresa privada en áreas claves como las telecomunicaciones, sector sanitario e infraestructura en general, consolidaron el modelo chileno.

Estas vistosas reformas estructurales y el clima de amistad cívica y respeto al aporte de la técnica a la política fueron muy importantes para mejorar la situación económica de todos los chilenos, reduciendo incluso los niveles de desigualdad. Sin embargo, en este proceso hay una cuestión que ha pasado más inadvertida, que sólo se comenta entre iniciados. Lo he conversado con varias autoridades de ese período, en particular del área económica y todos coinciden en que se trata de algo que ha tenido un rol decisivo en el éxito de Chile.

Se trata de las normas constitucionales y legales que limitan la iniciativa del Congreso en materia de gasto público. Fue en 1943, durante la Presidencia de Juan Antonio Ríos, cuando por primera vez se introdujo una norma en tal sentido en la Constitución. El jurista Alejandro Silva Bascuñán destacó su rol en evitar el populismo parlamentario y mantener la estabilidad financiera del Estado. Luego, Eduardo Frei Montalva propuso ampliar estas normas, realizando una nueva reforma y finalmente la Constitución de 1980 y la reforma del 2005 las recogieron ampliando su alcance.

La iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto público ha sido una pieza angular del éxito de la economía chilena y hoy una Cámara de Diputados poco respetuosa de la institucionalidad y con una miopía que acongoja, la está pasando a llevar con el proyecto que rebaja la jornada laboral, para obtener pingues ventajas políticas. El gobierno no puede renunciar a usar todas las herramientas que la legalidad le entrega para preservar esta valiosa cualidad de nuestro ordenamiento jurídico.

 

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-