JORNADA LABORAL DE 40 HORAS Y TRADICIÓN CONSTITUCIONAL

La semana pasada, diputados de oposición de la Comisión de Trabajo de la Cámara aprobaron en general una moción parlamentaria, cuyo objeto es reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Días después, advirtiendo las externalidades económicas negativas de perseverar en la moción, destacados técnicos -incluyendo a referentes identificados con gobiernos de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría- afirmaron la inconveniencia de perseverar con dicha moción, invitándonos a centrar la discusión en la necesaria adaptabilidad laboral de la que nuestra regulación laboral vigente carece.

No obstante que se trata de una iniciativa evidentemente inadmisible por implicar gasto público, ya que un importante número de funcionarios del gobierno central poseen contratos regidos por el Código del Trabajo -estando dentro del ámbito exclusivo del Presidente de la República de acuerdo a lo establecido por la Constitución-, es conveniente reflexionar sobre las razones de radicar en el Presidente de la República la iniciativa de ciertas materias de ley, dado el caso omiso de parlamentarios de oposición al texto expreso de la Carta Fundamental y a la decisión adoptada por la Mesa de la Cámara de Diputados el año 2017, que declaró la inadmisibilidad de la referida moción.

Es menester recordar que fue en 1943, durante el mandato del ex Presidente Juan Antonio Ríos, la primera vez en que se limitó la iniciativa del Congreso en gastos públicos. Alejandro Silva Bascuñán, uno de los tratadistas más importantes de nuestra historia constitucional, adviertiendo los peligros del populismo parlamentario y preocupado por la estabilidad financiera del Estado celebró la reforma impulsada por el gobierno radical. Posteriormente, fue el ex Presidente Frei Montalva quien concretó la idea de reformar nuevamente la Constitución en tal aspecto -impulsada previamente por el ex Presidente Alessandri-, ampliando aún más los tópicos objeto de materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, con el objetivo de evitar caer en las nocivas prácticas de nuestro periodo parlamentario. El espíritu de las reformas señaladas fue, por cierto, recogido y amplificado por la Constitución de 1980, siendo ratificada por la reforma constitucional del 2005.

Recientemente, gracias a un esfuerzo de un grupo transversal de constitucionalistas coordinados por el CEP, se publicó un libro denominado “Propuestas Constitucionales”. En materia de iniciativa exclusiva de ley, la gran mayoría de los académicos consultados se inclinaron por mantener dicha herramienta, considerando su buena evaluación y el rol esencial que desempeña en la estabilidad económica del país.

El llamado, entonces, es que los actores involucrados en la formación de las leyes respeten y cumplan cabalmente con el texto constitucional que, al asumir sus funciones, juraron resguardar. En caso de discrepar con las atribuciones que les otorga el ordenamiento jurídico, la alternativa es la promoción de las reformas legales correspondientes. Algunos constitucionalistas, considerando la importancia de robustecer las atribuciones del Congreso Nacional han propuesto, por ejemplo, permitir que el Congreso pueda calificar las urgencias de los proyectos de ley o que todas aquellas materias que no fueran de iniciativa exclusiva del Ejecutivo sean de iniciativa exclusiva de los parlamentarios, aspectos que podrían ser materia de debate.

La lamentable vulneración -cada vez más frecuente- a lo establecido por nuestra Constitución, en materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, atenta contra nuestra tradición constitucional y no contribuye en absoluto a la necesidad de mantener la disciplina fiscal de nuestro país y de recuperar el prestigio de nuestras instituciones políticas. ¿Será posible observar un cambio de actitud?

Columna de John Henríquez, abogado de LyD, en Voces La Tercera.-