Monumento asociado al MIR

Me permito sumar argumentos a los esgrimidos por don Óscar Acuña Poblete en su carta publicada en este mismo medio. La ley sobre el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) señala que este debe pronunciarse sobre la conveniencia de declarar monumentos nacionales y solicitar de la autoridad competente (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio) la dictación del decreto correspondiente. Así, el CMN, como organismo técnico, efectúa una petición al ministerio, recayendo en su máxima autoridad la decisión final sobre tal solicitud. Ello es coherente con la responsabilidad que le impone la investidura del cargo. 

Asimismo, la ley que creó dicho ministerio indica que son atribuciones y funciones del mismo (no deberes u obligaciones), entre otras, declarar mediante decreto supremo los monumentos nacionales, en conformidad a la ley. De acuerdo con los principios de celeridad, conclusivo e inexcusabilidad que rigen a la Administración del Estado, debe haber un acto decisorio que resuelva la cuestión de fondo, que exprese la voluntad de la autoridad, pero en ningún caso ello quiere decir que esa voluntad deba ser afirmativa, sino una voluntad fundada, que puede acceder o denegar lo solicitado.

Una interpretación que sugiera que el ministerio estaría obligado a decretar la declaratoria de monumento nacional por la sola solicitud del consejo, pone en duda la dependencia del CMN respecto del ministerio e implica una duplicación e interferencia de funciones, contraria a la ley. Por lo demás, un eventual decreto que, fundadamente, hubiera denegado tal declaratoria no contradiría, como pensarán algunos, el principio de imparcialidad, pues este impone el deber de expresar los fundamentos objetivos que inclinan la decisión, cuestión que pudo haberse efectuado. Si de deberes se trata, lo pertinente es preguntarse si no está el ministerio renunciando a sus funciones y atribuciones al sentirse compelido a decretar, como monumento nacional, las propuestas del consejo

 

Carta de opinión de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, publicada en El Mercurio.-