LOS ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE FÁRMACOS II

El proyecto “Fármacos II” está ad portas de ser votado por la sala de la Cámara de Diputados y pasar a tercer trámite constitucional. La moción que en sus orígenes pretendía únicamente regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, se ha convertido hoy en un proyecto que establece una nueva regulación general sobre el acceso a los medicamentos y que no ha estado exenta de polémicas. En efecto, durante el debate parlamentario se han aprobado una serie de indicaciones que pueden terminar por tener un impacto negativo. Incluso, algunas de ellas, aprobadas por la Comisión de Salud, son derechamente inadmisibles y/o presentan vicios de constitucionalidad, antecedentes que los parlamentarios deberían considerar a la hora de votar esta iniciativa.

Entre las indicaciones más problemáticas se encuentra aquella que establece que un Decreto Supremo contendrá las directrices necesarias para la regulación del precio de los productos farmacéuticos.  Ello, pese a que la misma secretaría de la Comisión advirtió que dicha indicación era inadmisible por determinar atribuciones del Ministerio de Salud, cuestión que los parlamentarios pasaron por alto. Pero, además, una norma de este tipo podría generar efectos indeseados, toda vez que, de fijarse precios máximos de los medicamentos, los incentivos a ofertarlos serán menores y ello puede conducir a que ciertos medicamentos desaparezcan del mercado.

Otra indicación que fue aprobada y que ha generado bastante controversia es aquella que obliga a los médicos a prescribir medicamentos única y exclusivamente empleando la “Denominación Común Internacional” (DCI), a menos que el fármaco contenga tres o más principios activos, la que también manifiesta posibles vicios de constitucionalidad.  En concreto, dicha modificación impide al médico recetar la opción que considera más segura y eficaz para sus pacientes, lo que puede traducirse en una vulneración de las garantías constitucionales de libertad de opinión y libertad de trabajo de los médicos y derecho a la protección de la salud de los pacientes.  Por su parte, la prohibición del trabajo de los visitadores médicos también levanta alertas desde un punto de vista constitucional.

Finalmente, uno de los aspectos más preocupantes del proyecto son las restricciones en materia de publicidad y limitaciones a los derechos de propiedad industrial.  Al respecto, se aprobó la ampliación de las causales de otorgamiento de las licencias no voluntarias -que son autorizaciones excepcionales otorgadas por la autoridad competente a un tercero para utilizar una invención, sin o contra la voluntad de su titular, al configurarse causales específicas-, incorporando elementos discrecionales como la “inaccesibilidad económica o desabastecimiento”. Asimismo, se aprobó un procedimiento excepcional para este tipo de licencias, aplicable a entidades públicas, que contraviene las disposiciones de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).  Con estas últimas indicaciones, los derechos de propiedad industrial quedan muy disminuidos, lo que puede conducir a una paralización en la investigación para la cura de enfermedades y un desincentivo para el ingreso de medicamentos provenientes del exterior. 

Cabe recordar que, con la dictación de la Ley Ricarte Soto, que entró en vigencia el 2016, se introdujeron ciertas modificaciones al Código Sanitario, en lo que respecta a los ensayos clínicos, que encarecieron e hicieron poco accesible la realización de los mismos para investigadores, emprendedores y empresas internacionales, contrariando con ello los objetivos propios de dicha ley que eran precisamente incentivar el desarrollo de medicamentos para las personas que sufren patologías con tratamientos de alto costo.  Como consecuencia de ello, apenas a tres años de su entrada en vigencia, dichas normas ya se están modificando en el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento a fin de volver a incentivar la investigación clínica. 

En consecuencia, la sala de la Cámara y, próximamente el Senado, deberán abordar con seriedad y responsabilidad las modificaciones que se introduzcan en la Ley de Fármacos II, de modo de no terminar perjudicando a quienes se quiere proteger.

Columna de Pilar Hazbun, Coordinadora del Programa Legislativo de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-