Banco Central, institucionalidad y pensiones

Nuestro país ha sido destacado en las últimas décadas por la calidad de sus instituciones en materia económica. Entre ellas está eBanco Central -que goza de amplio prestigio y credibilidad-, que conforme a la legislación vigente tiene por objetivo velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

La idea de los parlamentarios Rincón, Silber y Jiménez -admitida en principio a estudio por el Ministro del Trabajo– en el marco de la discusión de la Reforma de Pensiones, de asignar al órgano encargado de la política monetaria la administración de la cotización adicional del 4% refleja desconocimiento sobre la misión del Banco Central, además de ignorar el objetivo y funcionamiento de los Fondos Soberanos -creados a partir de la Ley de Responsabilidad Fiscal (2006)-, mezclando peras con manzanas. Respecto de los Fondos Soberanos, cabe recordar que constituyen un patrimonio fiscal que otorga seguridad al estabilizar el gasto social y la inversión pública a futuro. El Ministro de Hacienda representa al Fisco en la administración de los recursos fiscales, creando en dicho contexto la Unidad de Fondos Soberanos dentro del Ministerio para apoyarlo en las actividades relacionadas con la inversión de los fondos. Por otra parte, de acuerdo a sus facultades legales, el ministro de Hacienda delegó al Banco Central de Chile la inversión de los fondos debido a su prestigio y experiencia en el manejo de las reservas internacionales. Asimismo, nombró un Comité Financiero, integrado por seis expertos, para asesorarlo en la definición de la política de inversión de los fondos.

Por su parte, la iniciativa de los parlamentarios resulta ser, además, inconveniente por los evidentes conflictos de interés que implicaría que el Banco Central asumiera la administración de la cotización adicional, tal y como lo han hecho ver de manera inapelable y categórica ex presidentes del Banco Central en una reciente carta pública.

En suma, esta cuestión nos alerta sobre la falta de consistencia y conocimiento técnico en la tramitación de una reforma estructural, de la mayor relevancia para el país. Asimismo, nos llama a reflexionar sobre los límites que necesariamente ha de tener la búsqueda de un acuerdo político en la materia. El debate, lamentablemente, no se ha centrado en los elementos esenciales para aumentar las pensiones y se ha enfocado desmedidamente en la institución que ha de administrar el 4% de cotización adicional al punto que, incluso habiendo una alternativa sobre la mesa propuesta por el gobierno para hacerse cargo de la inquietud política generada al efecto, comienzan rápidamente a proliferar otras que, sin más, buscan alterar la institucionalidad macroeconómica y desnaturalizar instituciones de la mayor importancia como lo es el Banco Central. El corolario de todo esto debiera ser, más bien, un llamado a enmendar el rumbo del debate.

 

Columna de John Henríquez, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-