¿Está haciendo aguas la actual regulación?

La crisis sanitaria vivida en Osorno en los últimos días ha conmocionado a la ciudadanía y a la clase política de nuestro país. Es difícil no empatizar con una situación como la ocurrida y razonable exigir que se determinen las responsabilidades y se revise la regulación pertinente en lo que corresponda.

Pero sugerir que por ello le corresponde retomar al Estado un rol de empresario en la materia es muy distinto. Distinto es también solicitar que se proceda a investigar los hechos y se siga el procedimiento contemplado en la ley -que puede concluir en drásticas sanciones-, a pretender que la única sanción que debiese aplicarse en este caso sea la caducidad de la concesión, aunque puedan no reunirse todos los requisitos exigidos para ello. Todos estos aspectos requieren de una mayor reflexión.

Más allá de los lamentables sucesos ocurridos, lo cierto es que el sistema de sanitarias concesionadas ha entregado beneficios importantes al país que no se pueden desconocer.

El más evidente de ellos es que se generó un fuerte proceso de inversión en el sector que permitió aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. De hecho, hoy el 99,8% de la población tiene acceso a agua potable, lo cual se ha traducido en resultados altamente positivos cuando se evalúan indicadores de cobertura, calidad, continuidad y cantidad, situándonos a la altura de los países más desarrollados del mundo.

En ese sentido, desconocer el rol que han jugado las empresas sanitarias y los beneficios que se han reportado sería un despropósito. Asimismo, no es el rol del Estado proveer bienes y servicios que el sector privado puede proveer de manera más eficiente, teniendo en cuenta que los recursos fiscales son escasos y limitados.

En lo que respecta a eventuales cambios a la legislación también hay que ser prudentes. La tendencia natural frente a incidentes de este tipo pareciera ser la desconfianza en las empresas y en las instituciones vigentes y la creencia de que la legislación actual es insuficiente. Sin embargo, la ley vigente establece claramente las obligaciones que le caben a las empresas sanitarias y las sanciones a las que están sometidas frente a incumplimientos, siendo la caducidad de la concesión la medida más extrema. La solución pasa más bien por fortalecer los mecanismos de fiscalización y generar incentivos adecuados para la auto regulación, lo que podría implicar una revisión del sistema de sanciones.

Finalmente, en relación a la caducidad de la concesión, no debe perderse de vista que es a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a la que le corresponderá determinar si se cumplen los requisitos para su procedencia. Además, conforme a la ley, no basta con que se configure alguna causal para que se declare la caducidad, sino que, para la calificación de dichas causales, la entidad normativa deberá considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia. En ese sentido, no se trata de una decisión meramente política y de sentido común como lo entienden algunos parlamentarios, toda vez que la caducidad implica también que se designe un administrador provisional y que transcurra un período extenso en el que deba buscarse una nueva empresa que asuma las funciones.

En definitiva, debe velarse porque las empresas reguladas cumplan estrictamente la normativa vigente, que el fiscalizador cumpla su tarea con apego a la ley y que se procure el mejor servicio posible a la población.

 

Columna de Pilar Hazbun, Coordinadora del Programa Legislativo de LyD, publicada en El Diario Financiero.-