Deuda docente

Cinco semanas llevan sin clases 590 mil estudiantes de la educación pública. Esto quiere decir que han perdido casi un tercio del semestre. Mientras tanto, sus pares de colegios privados han continuado con sus actividades y se disponen a salir de vacaciones. Viéndolo así, no es difícil entender por qué la educación particular subvencionada se ha vuelto la opción preferida de las familias chilenas, alcanzando el 54% de la matrícula escolar.

El Colegio de Profesores, promotor de la paralización, manifestó en un comienzo que sus demandas no tenían un trasfondo económico. Sin embargo, hoy lo único que sostiene el paro son precisamente materias que buscan aumentar sus remuneraciones, mientras los demás puntos del petitorio ya fueron concedidos por el gobierno. Esto pareciera entonces tener también un trasfondo político. Las demandas pendientes son de larga data y exceden la responsabilidad y la billetera del gobierno contra el cual han decidido alzarse. La bonificación que hoy exigen se extienda a las educadoras diferenciales y de párvulos, por ejemplo, nació en 2006 y luego se aumentó en 2016, oportunidad en que se mantuvieron sus condiciones de otorgamiento. No se justifica entonces la ofuscación repentina del gremio contra las actuales autoridades.

Independiente de cuáles sean sus demandas, éstas no pueden exigirse a costa de sus alumnos ni sobrepasando los límites de la ley. Resulta paradojal que, en su afán por reivindicar la denominada deuda histórica, los profesores han terminado por contraer ellos mismos una deuda con sus miles de estudiantes, así como con la educación pública. Basta ver que, en los últimos 15 años, ésta ha perdido 642 mil alumnos, que representan una caída del 33% de la matrícula. Ello, no obstante, no parece haber alcanzado a la planta docente, que en el mismo período creció en un 25%. Así, por cada nuevo profesor ejerciendo en el sector público, hay 34 estudiantes menos que hace 15 años. Esto no se ha traducido en mejoras de calidad y podría ayudar a explicar por qué los recursos parecen siempre insuficientes. En el sector particular subvencionado, en tanto, la matrícula ha crecido 30,2% en el mismo período y, por cada nuevo docente, hay 9 alumnos adicionales.

En paralelo, las remuneraciones están experimentando un alza importante. La carrera docente ha inyectado anualmente US$ 1.300 millones (US$ 2.300 millones en régimen), los que, junto con la reducción de las horas lectivas, constituyen mejoras que el profesorado no puede desconocer.

El otro día escuché a alguien decir que la educación del país se ha convertido en el principal campo de batallas políticas e ideológicas. Tan triste como cierto. Y más lamentable aún es que sus mismos docentes contribuyan a que ello ocurra, sacrificando a sus estudiantes por causas que no les atañen y poniendo en jaque su futuro. ¿Asumirán algún día esa deuda?

Columna de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-