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Revolución microeconómica

El Libero

El Banco Central dio su veredicto: la economía chilena necesita un mayor impulso monetario. El Ministerio de Hacienda, con la colaboración del Consejo Asesor Fiscal, debe realizar una conducción macroeconómica que mantenga los atributos de Chile en la materia y aporte a la necesidad de dar un mayor impulso a la economía. Ello significa mantener la preocupación por el equilibrio estructural y el manejo cuidadoso de las finanzas públicas; pero, al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que las brechas de capacidad señaladas por el Banco Central entregan. Un producto potencial creciendo con mayor vigor, a un ritmo que se acerca al 3,4%, deja algún espacio para aumentos en la demanda agregada que habrán de calibrarse con pericia.

¿Cuál puede ser el aporte del Ministerio de Economía en esta coyuntura?Afortunadamente la cartera dirigida por José Ramón Valente ha estado trabajando para aportar lo suyo. El Ministerio ha identificado 640 cambios regulatorios que contribuirán a dar un mayor impulso a la economía, en lo que podríamos llamar una revolución microeconómica. Los cambios provienen de medidas estudiadas en el gobierno anterior de Piñera por el entonces ministro, Juan Andrés Fontaine, que no alcanzaron a ponerse en práctica; otras, de una agenda elaborada por el ministro Luis Felipe Céspedes en el gobierno de Michelle Bachelet; aportes realizados por la CPC, la Sofofa, la Cámara de la Construcción y otros gremios; sugerencias de la Comisión Nacional de la Productividad, presidida por Rafael Bergoing y otras iniciativas aportadas por el equipo del propio ministro Valente. Las medidas incluyen levantar barreras de entrada a los mercados, eliminar burocracia excesiva, armonizar la regulación local a los mejores estándares mundiales. Ello debe hacerse bajo una mirada de coherencia regulatoria que armonice los esfuerzos de distintos Ministerios y reparticiones públicas, y el Ministerio de Economía juega un rol clave en esa tarea. La oficina OPEN creada en el ministerio es una suerte de contraparte dentro del gobierno a la Comisión Nacional de Productividad, que es un ente autónomo del gobierno de turno, pero que necesita un interlocutor al interior de la administración para lograr coherencia regulatoria.

Ocurre que muchas veces en la administración pública no existe “memoria”, y muy buenas iniciativas de un ministro o Jefe de Servicio quedan a medio camino y luego se desperdician cuando esas personas ya no están en la administración pública. Es sabido que uno de los grandes obstáculos al crecimiento es la burocracia y excesiva “permisología”. En nuestro país se calcula que en promedio los proyectos de inversión demoran 4,5 años en tramitarse completamente, de los cuales 2 años son tramitación ambiental y 2,5 años tramitación sectorial. Estos plazos son excesivamente largos comparados con referentes como Australia. Si bien el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, tiene una plataforma digital para el seguimiento de trámites, a nivel sectorial esto no existía. La semana pasada se inauguró la plataforma SUPER que incluye un código único de proyectos con el cual se podrá hacer seguimiento en tiempo real de los permisos. En régimen se incluirán 182 permisos, de los cuáles hasta ahora sólo 25 están digitalizados. A fines de 2019 se aspira a tener 40 permisos digitalizados y 14 instituciones incorporadas al portal. A fines de 2020 la meta es de 110 trámites y al 2021 se espera tener los 182 permisos incorporados.

Esta plataforma es operada por la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS, que lleva un año de funcionamiento y que realiza un seguimiento de permisos por toda la administración pública coordinando a los distintos servicios y ministerios. En la actualidad está operando a un ritmo de 25 reuniones semanales inter servicios.

Por último, entre las más destacadas, podemos mencionar la iniciativa de Alineamiento Institucional que realiza el Ministerio de Economía, donde trabaja con distintos servicios para lograr estrategias de utilización de mejores prácticas, que permite que aquellos más avanzados en sus procesos de modernización colaboren con otros. La Dirección General de Aguas, el Sernageomin y el Consejo de Monumentos Nacionales son algunas de las reparticiones incluidas en este programa.

Una potente agenda de transformaciones en la administración pública y la regulación que enfrentan los privados hacen una contribución decisiva a mejorar las condiciones de nuestra economía. Son un complemento muy valioso para las políticas macroeconómica. Miles de pequeñas iniciativas sectoriales pueden constituirse en definitiva en una verdadera Revolución Microeconómica en nuestro país.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Líbero.-

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