Narcopolítica

La influencia del narcotráfico en las elecciones del Partido Socialista es un hecho gravísimo, y no es una cuestión de ese partido, sino un tema de la sociedad chilena. Es habitual que los carteles de la droga infiltren y coopten al poder político, de manera de cubrir con un manto de impunidad sus actividades ilícitas y criminales. En Colombia y en México la influencia del narcotráfico en la política también comenzó en los municipios. Hay beneficios mutuos para el cartel y para un alcalde corrupto. El cartel se enseñorea en el territorio y obtiene patentes para desarrollar actividades comerciales que sirven de fachada para lavado de dinero y otros activos. El alcalde recibe dinero para contratar operadores políticos y convertirse así en una fuerza relevante en el control de su partido. La etapa que sigue es la cooptación de parlamentarios, policías, gobernadores regionales y jefes de servicios públicos claves como Aduanas.

Por esa razón es necesario que se investigue a fondo y se sancionen las actuaciones delictuales del ex Alcalde de San Ramón, Miguel Aguilera. Ha sido acusado de diversos delitos, entre los que figura la contratación en el municipio de personas con antecedentes penales por tráfico de drogas. La Fiscalía mantiene abierto un proceso en su contra. El Consejo de Defensa del Estado por su parte también ha hecho acusaciones contra Aguilera. Su hermana, Mónica Aguilera, fue candidata a vicepresidenta en la elección interna del PS en la lista de Álvaro Elizalde.

El Ministerio Público tiene que hacer su tarea, pero el PS tiene también su parte.

El ex alcalde fue funcionario del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet cuando el titular de esa cartera era el senador José Miguel Insulza. También tuvo un activo rol en la recolección de firmas para la inscripción de la candidatura presidencial de Alejandro Guillier.

Es impresionante el grado de influencia que Aguilera ha logrado en el Partido Socialista. En la última elección la comuna de San Ramón tenía 3.996 personas inscritas en el padrón electoral, vale decir el 20% del total, lo que es absolutamente desproporcionado. Los domicilios de muchos de esos inscritos corresponden a direcciones en que se han incautado drogas. Incluso la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, destacada por su lucha contra el narcotráfico, ha recibido amenazas de muerte de funcionarios de la Municipalidad de San Ramón.

Ante diversas denuncias realizadas por la lista rival a Álvaro Elizalde, donde ha tenido un rol clave Marcelo Díaz, el Tribunal Supremo del Partido Socialista anunció la anulación de la elección en San Ramón y otras 19 comunas. Si el PS valida esta elección y no toma drásticas medidas, renuncias como la de Oscar Garretón se multiplicarán. Militantes decentes no querrán ser cómplice de la entrada del narcotráfico a la política chilena.

 

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en La Tercera.-