Esta semana se conocieron los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Si bien ella da cuenta que la ciudadanía ha perdido confianza en el Gobierno, evaluando con nota roja la gestión de éste en diversas materias relevantes, lo cierto es que esa confianza no se traspasa al bloque político opositor. De esta manera, y ante los ciudadanos, la que ha perdido confianza en definitiva es la clase política en su conjunto. Se trata así de una señal muy potente que debe ser correctamente leída por los actores políticos para enmendar el rumbo.

Conforme a la encuesta del CEP, los tres problemas a los que el Gobierno debiera dedicar el mayor esfuerzo son la delincuencia, las pensiones y la salud. Respecto de estas materias, el Gobierno del Presidente Piñera ha desplegado una agenda y líneas de acción claras, presentando al Congreso las iniciativas legales correspondientes y que apuntan, a mi juicio, en la dirección correcta al ofrecer soluciones adecuadas de política pública para hacerse cargo de estos desafíos. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas de gestión pertinentes que, en relación con estas materias, se han ido asimismo adoptando al efecto. Si bien la agenda legislativa en el tema de delincuencia ha mostrado algún grado de avance razonable en el Congreso (aun cuando se esperaría mayor celeridad), no puede decirse lo mismo respecto del proyecto de ley que modifica el sistema de pensiones y del que modifica el sistema de Isapres y reforma Fonasa. Ello resulta en una paradoja teniendo en cuenta que se refieren a los temas que más preocupan a las personas, las que deben haber quedado asombradas cuando, en una primera etapa, y tras varios meses de tramitación en el Congreso y con la votación de los diputados de la oposición, la Comisión de Trabajo de la Cámara rechazó la idea de legislar sobre la materia, cuestión que luego fue revertida por la sala de la Cámara de Diputados. En el caso de la reforma a las Isapres, y aun cuando el proyecto lleva menos tiempo en el Congreso, la Comisión de Salud del Senado,  además de plantear reparos a la forma en que el Ejecutivo presentó la iniciativa (a través de una indicación sustitutiva), tampoco se ha abocado con sentido de oportunidad al conocimiento de una materia que amerita una solución hace muchos años, y ha condicionado el debate de esa iniciativa a que se destinen recursos suficientes al proyecto de ley conocido como ley del cáncer.

Con este tipo de actitudes, la clase política se desconecta de las necesidades más importantes de los ciudadanos, ensanchándose así la brecha entre las preocupaciones reales de éstos y la de diversos actores en la política. En momentos en que instituciones como el Congreso y los partidos políticos resultan lejanos para la población, y en que se plantean reformas institucionales para recuperar las confianzas y mejorar, justamente, aspectos claves de la orgánica y funcionamiento de las instituciones, los políticos no debieran darse gustitos como los descritos. Más bien, debieran transmitir a las personas que están dedicados a encontrar soluciones bien orientadas a los problemas que aquejan a la población. En otras palabras, los resultados de la encuesta revelan a mi juicio que la ciudadanía está cansada de que la clase política no sea capaz de ponerse de acuerdo en los temas que para aquella son prioritarios. Revela un hastío hacia aquella tendencia constante de la clase política de quedarse entrampada en peleas de “poca monta” para el común de las personas, postergando y debilitando su posibilidad de conectarse con las necesidades del Chile real. Por su parte, nos muestra que la actitud del bloqueo o de poner dificultades constantes para el conocimiento de temas prioritarios no está dando los réditos políticos que tal vez algunos esperaron. Y es que la ciudadanía alcanza a percibir que esa actitud no va acompañada de una contrapropuesta o proyecto concreto para resolver los temas de mayor relevancia. En esta línea, si bien es el Gobierno el que obtiene nota roja por su gestión en diversas materias como el crecimiento económico, la educación, el empleo, la delincuencia y la salud, lo cierto es que para avanzar en muchas de ellas se requiere de la voluntad del  Congreso, cuestión que también percibe la población. Así, la señal que está enviando la ciudadanía no es solo al Ejecutivo, sino también a la clase política en el Parlamento, la que debe ponerse prontamente las pilas y responder a las necesidades de sus representados.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, publicada en El Mercurio.-