CRÍTICAS OPORTUNISTAS AL CAMBIO CURRICULAR

Un intenso debate se produjo tras conocerse el cambio curricular para la enseñanza media que entrará en vigencia desde 2020. Entre las diversas opiniones que se han emitido, sin embargo, ha habido críticas que, más que un afán de contribuir con el fondo del asunto, denotan un propósito de obtener ganancias políticas a costa del gobierno, que, paradojalmente, no fue el principal impulsor ni responsable de esta medida.

El Ministerio de Educación está mandatado por ley a diseñar y proponer las bases curriculares y planes de estudio, que luego deben ser sometidos a evaluación y aprobación por el Consejo Nacional de Educación (CNED). En este caso, las modificaciones anunciadas fueron el resultado de un proceso que el gobierno anterior inició en 2017, que entre otras cosas recogió una ley aprobada en 2016 para introducir la asignatura de Educación Ciudadana. Así, la electividad de Historia para 3° y 4° medio fue aprobada por el CNED en febrero de 2018, antes de que asumiera la actual administración, cuya intervención se limitó a responder las observaciones realizadas por este mismo organismo sobre otras materias.

De esta forma, las críticas individualizadas dan cuenta de falta de reflexión sobre la forma mediante la cual se efectúan estas políticas, o derechamente de una intención de perjudicar al gobierno. Lo cierto es que, al final del día, el principal dañado con estas actitudes termina siendo nuestra institucionalidad y las decisiones que se toman en virtud de ella buscando trascender colores políticos.

Desgraciadamente, éste no parece ser un hecho aislado, pues en el último tiempo hemos visto casos similares con una frecuencia mayor de la que quisiéramos. Un ejemplo cercano es lo ocurrido con la gratuidad de la educación superior; política que fue impulsada y aprobada por el gobierno anterior y sus partidarios, quienes en lugar de asumir su responsabilidad por la merma de recursos que ésta ha causado a las universidades, optó sencillamente por evadir la culpa y, en cambio, presionar a la actual administración por la entrega de más recursos públicos.

Parecido es lo ocurrido recientemente con el cambio de los medidores eléctricos. Los mismos que iniciaron y aprobaron esta iniciativa tiempo atrás, luego salieron sin pudor a desconocer su responsabilidad en los hechos y a criticar tanto a las empresas como al actual gobierno, el que debió retroceder y salir en busca de medidas alternativas que acallaran la embestida.

En suma, se trata de actitudes preocupantes por parte de legisladores y autoridades, quienes están evadiendo con cada vez mayor frecuencia las consecuencias de sus propias decisiones y culpando a quienes heredaron el deber de llevarlas a cabo. El oportunismo y la búsqueda de ganancias de corto plazo no pueden ser excusa para deteriorar nuestra institucionalidad. Si seguimos así, no habrá acuerdos ni políticas de largo plazo que resistan.

 

Columna de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-