Organismos en pugna

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado al Estado de Chile la anulación de fallos dictados por la Corte Suprema, y que se encuentran ejecutoriados. Anular un fallo es un acto jurisdiccional que compete exclusivamente a los tribunales establecidos en Chile conforme a su ordenamiento constitucional. Además, una vez dictado un fallo, se produce el desasimiento del tribunal, esto es, que el mismo tribunal que dictó sentencia no puede volver a modificarla ni menos anularla, salvo, claro está, el ejercicio de facultades jurisdiccionales de un tribunal superior, como cuando la Corte Suprema anula, mediante casación, el fallo de una corte de apelaciones.

Así, la nulidad de un fallo por orden de la CIDH, supone reconocer a este organismo un nivel jerárquico superior a nuestra Corte Suprema, lo que no parece admisible desde un punto de vista jurídico e independiente de legítimas consideraciones de orden político. El contra argumento que suele esgrimirse, a partir del inciso segundo del artículo 5° de la Constitución sobre tratados sobre derechos humanos, no puede llegar a modificar la estructura jurídica de un país -sujeto de derecho internacional público- dotado de soberanía.

Al acogerse esta tesis -como en efecto se ha acogido- se abre un campo de consecuencias imprevisibles sobre la soberanía de los Estados miembros del Sistema Interamericano, a la cual parecería estarse renunciando para casos específicos. Esto es lo que pretendería evitar la carta que Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay enviaron el pasado miércoles 24 de abril a la misma CIDH, que, no obstante, no produjo el efecto esperado.

La contra opinión de la CIDH sobre la calificación de conducta terrorista hecha en un fallo que habría violado la presunción de inocencia, y habría incumplido la obligación del Estado de Chile de definir las conductas constitutivas de delito en forma precisa y claramente, podría mañana ser aplicable a otros casos y a otros tipos penales y dar lugar a imposiciones contradictorias con las decisiones de los tribunales nacionales.

Para acoger el dictamen de la CIDH, la Corte Suprema ha estimado que los fallos cuestionados han perdido los efectos que les son propios. Será interesante conocer la redacción de la sentencia del máximo tribunal, anunciada para el 16 de mayo, pues si adicionalmente a la discusión jurídica, siempre válida, la Corte Suprema terminara por recalificar los hechos a instancias de la CIDH, ello pasaría a ser un cambio sustancial, de ahora en adelante, en muchas materias, dada la permanente ampliación del ámbito de competencia que se viene dando a los derechos humanos, y que va más allá de sus aspectos esenciales que inicialmente les dieron origen.

Columna de Pablo Kangiser, abogado del Programa Legislativo de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-