Una oposición insaciable

Esta semana fuimos testigos de un verdadero espectáculo a propósito de la aprobación, en general, de la reforma al sistema de pensiones. El debate que presenciamos tanto en la Comisión de Trabajo, en que se rechazó primeramente la idea de legislar, como después en la Sala de la Cámara de Diputados, en que finalmente se aprobó, estuvo lejos de estar a la altura. Algunos parlamentarios de centro izquierda, más que ocuparse del fondo del asunto, se vieron más preocupados de congraciarse con diputados de la extrema izquierda, buscando comprobar con esa conducta su vocación de oposición, sin entender que se puede ser oposición sin obstruir. Otros diputados opositores hicieron gala de intervenciones ricas en consignas y frases para la galería, diseñadas más bien para impresionar a los escasos oyentes y por, sobre todo, a la prensa, colmando la discusión de metáforas “cuñeras” y de aseveraciones alejadas de la evidencia, aun cuando dichas con gran vehemencia. Brillaron, por su ausencia, los argumentos técnicos, sustentados en datos. En fin, como haya sido, se sorteó la primera barrera, pero aún está por verse cómo terminará de desenredarse este asunto pues, desde ya, surgen inquietudes importantes.

Justamente una de las preocupaciones de cara a la discusión en particular es que el debate encuentre un tono más adecuado, más racional. Varios parlamentarios opositores fundaron su voto en contra, con gran ímpetu y convicción, en la lógica de que el ahorro individual había fracasado y que resultaba imperativo, y en un deber moral ineludible, avanzar hacia un sistema solidario de reparto (en que un grupo de trabajadores más jóvenes contribuye a financiar, con parte de su cotización, las pensiones de otros trabajadores, más cercanos a la edad de jubilar). Sin embargo, toda la evidencia muestra que un sistema de reparto, como el así planteado, no es garante de solidaridad y es regresivo. ¿Por qué? Porque quienes aportarán “con su solidaridad” no necesariamente son los que ganan más, y quienes “recibirán la solidaridad” no son los que más la necesitan, fuera de no ser sostenible en el tiempo en una población que envejece. A pesar de ello, no será tarea fácil hacer valer esta evidencia si el debate se mantiene en el tono emocional que ha tenido hasta la fecha. La bandera simplista del “sistema solidario de reparto” suena bien y en esto hay que reconocerle a la oposición su gran habilidad, mayor a la del actual oficialismo, para instalar estos mensajes. Y lo que corresponde advertir es que son solo eso, mensajes quiméricos, que carecen de sustento técnico y que, por lo mismo, no pueden terminar por ser los orientadores de la discusión. El gobierno, en su actual propuesta, contempla la solidaridad, pero financiada con importantes y cuantiosos recursos públicos, logrando así un efecto progresivo y focalizado en quienes más lo necesitan.

En la misma línea, de las frases vendedoras, y tras el intento fallido del movimiento “No más AFP”, la oposición avanzó hacia una derivada consistente en “Ni un peso más para las AFP”. Y hoy pareciera ser que, para avanzar en el Congreso en la discusión de políticas públicas necesarias y urgentes, primeramente, hay que hacerse cargo de las consignas, carentes de racionalidad, pues de lo contrario se arriesga el bloqueo de las iniciativas. En la era de los absolutos, en que posibles opciones intermedias parecen demasiado complejas para ser consideradas, las AFP se transformaron en el sillón de don Otto y el Gobierno se mostró disponible a aceptar que así fuera, al excluirlas, según ha trascendido, de la administración del 4% de cotización adicional. Según se sabe, la gestión de estos recursos recaería en un ente público que contaría con un Consejo. Se restringe así la libertad de los cotizantes, sin explicación técnica alguna, y se sienta un precedente muy complejo para cuando se vuelva a discutir, en unos años más, otro aumento de la tasa de cotización. Y la pregunta que cabe hacerse es ¿Cómo contribuye a mejorar las pensiones la introducción de un ente público? ¿Administrará los recursos o entregará la administración de los mismos a terceros, más idóneos, vía licitaciones abiertas y competitivas? Está por verse. Lo que sí está claro es que una oposición insaciable, que persigue que de un paraguazo se solucionen todos los desafíos, sin afectar el mercado del trabajo ni la responsabilidad fiscal, y un gobierno demasiado ávido por empujar sus iniciativas, necesarias, por cierto, pero no a cualquier costo, resultan en una combinación inquietante.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, publicada hoy en El Mercurio.-