Pensiones: los límites del consenso

La Cámara de Diputados, con 84 votos a favor y 64 en contra aprobó la idea de legislar en la reforma de pensiones. Es oportuno discutir acerca de los límites de la negociación política. La minoría que tiene el gobierno en el Congreso lo obliga a negociar con la oposición si quiere ver sus proyectos convertidos en ley. La pregunta relevante pasa a ser: ¿cuál es el límite que debe poner el Ejecutivo a la negociación, dónde sitúa la línea roja más allá de la cual no está dispuesto a transitar?

En la oposición, en un régimen presidencial donde tu adversario político ha recibido el mandato popular para gobernar no puedes pretender desde el Congreso administrar el país. Ello porque no tienes las potestades para conducir el gobierno de manera coherente ni tampoco un mando único. Tienes, sin embargo, mayoría legislativa y legítimamente puedes ejercerla. En un ambiente de buena fe, debieras usar esa mayoría para impedir que el gobierno apruebe una política que a tu juicio es claramente perjudicial para la población. No podrías pretender, en cambio, que el gobierno avance contra su voluntad en una dirección que violenta sus principios. La realización de reformas estructurales profundas, en consecuencia, debiera dejarse para la oportunidad en que detentes el poder Ejecutivo.

Si la oposición va más allá, incurriría en un parlamentarismo impropio y sería imposible asegurar la coherencia regulatoria de la conducción del gobierno con reformas contradictorias con el resto de los preceptos que guían la conducción del país. Pero sí tiene derecho a poner límites, negándose por ejemplo a modificar una legislación en determinada dirección por considerar que es dañina.

Buena fe, deferencia a los organismos técnicos y coherencia regulatoria debieran estar presentes en la actuación de gobierno y oposición durante la tramitación legislativa de un proyecto, especialmente si éste regula una política pública de alto impacto en el bienestar de la población. No mucho de eso estuvo presente entre quienes rechazaron la idea de legislar dando un espectáculo lamentable en la Cámara con consignas y gritos.

El gobierno, como en otros temas, ha debido moverse por una delgada línea roja para lograr los votos. La información no ha sido clara ya que algunos interpretaron que el Ejecutivo se comprometió a que el 4% adicional de cotización sería obligatoriamente administrado por una entidad estatal. Eso no es efectivo. Lo que se conversó es que un ente público participaría en la decisión de administración de esos fondos, en una modalidad a estudiar que podría ser una licitación. Es inadmisible y va contra todos los postulados del sistema, que un organismo estatal administre los fondos del 4% en forma monopólica, sin siquiera consultar al trabajador. El gobierno debiera clarificarlo.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-