Nobleza Obliga

Cuatro destacados economistas de centroizquierda han manifestado su apoyo al proyecto que flexibiliza la jornada laboral. José de Gregorio, Rodrigo Valdés, Andrea Repetto y Eduardo Engel han hecho aportes relevantes en su especialidad. En diversas ocasiones he discrepado de ellos y por lo mismo aprecio y aplaudo que cuando piensan que un cambio es necesario y conveniente, sean capaces de dejar de lado una militancia o simpatía política para apoyarlo públicamente en beneficio de los trabajadores y del país.

Algún político, de cuyo nombre no puedo acordarme, ha dicho que ellos son buenos economistas, pero no entienden la política ni las cuestiones laborales. Curiosa aseveración respecto a quienes, además de ser economistas de nombre, han ocupado relevantes cargos de gobierno y son especialistas en políticas públicas. A estos cuatro economistas se ha sumado alguien que también ha apoyado con entusiasmo la flexibilización laboral. No es economista sino abogado, experto en legislación laboral, diputado por más de diez años y Subsecretario del Trabajo durante el gobierno de Michelle Bachelet. Su nombre es Zarko Luksic.

Todos ellos han comprendido que Chile se ve enfrentado a un importante dilema: cómo en el mundo laboral que viene, con automatización, expectativas de una vida familiar más rica y con responsabilidades compartidas y demanda por un mejor uso del tiempo libre, transformamos esos elementos en una oportunidad para ser más productivos como país, en lugar de quedar entrampados por rigideces y esquemas del pasado que dificulten el empleo y el funcionamiento de las empresas.

En la misma semana, luego que la Comisión de Trabajo de la Cámara no votó la idea de legislar en la reforma al sistema de pensiones, un grupo de economistas ligados a CIEPLAN se han juntado con el Presidente Piñera, manifestando su opinión favorable a legislar sobre esta importante materia. El proyecto fue presentado hace más de seis meses y recién una semana antes del plazo para votar la idea de legislar, la oposición ha presentado un documento con diez puntos que exigen sean aceptados por el gobierno para allanarse a legislar. Varios de esos puntos elevan considerablemente el costo del proyecto, lo que es contradictorio con una crítica que ellos mismos han formulado en el sentido que el costo fiscal de esta reforma sería muy alto y estaría subestimado en los informes del gobierno.

Alejandro Foxley ha dicho que su deber es colaborar con esta iniciativa que es buena para el país, tal como Piñera y otros políticos colaboraron con él cuando fue Ministro de Hacienda en los noventa. La alta política ha llegado para suplir las carencias de una centroizquierda ausente y pauteada por los jóvenes del Frente Amplio y la chica comunista. Bienvenida sea.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-