El Presidente Piñera acaba de anunciar una reforma a la legislación laboral que, en lo fundamental, flexibiliza la jornada de trabajo. Es la última de las reformas emblemáticas con alto impacto económico y social presentadas, siguiendo a la modernización tributaria, la de pensiones y la de salud. La pregunta es si será también la última de las transformaciones centrales de la administración Piñera.

Hay buenas razones para que sea así. Las tres reformas que mencionamos antes son importantes para cumplir la promesa del gobierno de poner nuevamente al país en marcha y recuperar el crecimiento económico. Desde un punto de vista político, sin embargo, su impacto es más difícil de medir. En el caso tributario, sabemos que la ciudadanía difícilmente engancha con un tema de suyo árido y cuyas consecuencias inmediatas le parecen ajenas. Las otras dos, pensiones y salud, son igualmente importantes en sus efectos y esta vez sí acaparan todo el interés de la mayoría de los chilenos en temas de gran sensibilidad. El gobierno ha diseñado en las áreas previsional y de salud proyectos de impecable factura técnica, que se hacen cargo de los principales problemas que la ciudadanía advierte: bajas pensiones y atención de salud de mala calidad en el sistema público y poco transparente en el sistema privado. No obstante ello, la complejidad de estas reformas (ambas tienen componentes sistémicos que obligan a considerarlas de manera integral) hace difícil que la ciudadanía pueda apreciar, especialmente en el corto plazo, la forma en que impactan positivamente en su calidad de vida. Será una tarea ardua y paciente de las autoridades y comunicadores del gobierno explicar a la gente por qué, en cada caso, la propuesta es la mejor alternativa para su problema. Una tarea en todo caso necesaria y que puede ser fructífera.

Pero el proyecto laboral es otra cosa. Es muy fácil advertir para cualquiera cómo éste impacta en la calidad de vida de los trabajadores chilenos. En lo fundamental cambia la jornada semanal máxima de 45 horas semanales por una jornada mensual máxima de 180 horas que podrán distribuirse de común acuerdo entre trabajador y empleador en no menos de 4 días y no más de 6 días a la semana. Esto no sólo reduce la jornada, sino que la adapta a las necesidades y preferencias de las personas y las empresas. También permite aumentar vacaciones con cargo a horas extraordinarias. Es compatible con un país en que las personas privilegian alternativas de uso del tiempo con sus familias y amigos que se han abierto producto de una mejor situación económica y de una mentalidad distinta.

La reforma laboral es una inyección a la vena de mejor calidad de vida para los chilenos. Alguna izquierda empieza a hablar ya de precariedad. Esta es una batalla que el gobierno debe dar con todas sus fuerzas y debiera ganarla en toda la línea.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-